El Gobierno central ha desbloqueado casi dos años después de su anuncio el nuevo canon que impondrá a las presas hidráulicas por la producción de electricidad. Pero lo hará con cambios con respecto a la propuesta original para no incurrir en doble imposición ni entrar en conflicto de competencias con las comunidades autónomas, de forma que esta tasa se aplicará solo en las cuencas hidrográficas dependientes del Estado. En el caso de Galicia, esto supone que el canon se repercutirá solo sobre las centrales hidroeléctricas ubicadas en los ríos de la Confederación del Miño-Sil, según confirmaron ayer fuentes de la Xunta.
Esta nueva figura impositiva nació con la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que entró en vigor el 1 de enero de pasado año, que entre otras medidas prevé el pago de un canon por la utilización o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de electricidad. Pero su aplicación quedó bloqueada por las trabas que encontró el Gobierno central para su desarrollo.
Los escollos se han resuelto y, tras recibir el visto bueno del Consejo de Estado, el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene preparado el real decreto que desarrolla ese canon para presentarlo en fechas próximas al Consejo de Ministros. Inicialmente, esta tasa se iba a implantar en todos los ríos, pero al final solo se limitará a las cuencas sobre las que el Estado tiene competencias, que son aquellas formadas por ríos que atraviesan varias comunidades o, como en el caso de Galicia, que están compartidos con otros países -Portugal-.
Por tanto, en la comunidad gallega quedará fuera de este canon la demarcación Galicia-Costa, que incluye toda la provincia de A Coruña, parte de la de Lugo y la mitad norte de Pontevedra, ya que su gestión corresponde a la Xunta.
El Gobierno quería recaudar con esta tasa unos 300 millones de euros en tres años, si bien los cálculos se hicieron cuando su propósito era aplicarla a todo el territorio español. El dinero recaudado se destinará íntegramente a protección y mejora del dominio público hidráulico.
La base imponible será el valor económico de la energía eléctrica producida y el tipo ascenderá al 22%, con una reducción del 90% para las instalaciones de menos de 50 MW y para las consideradas estratégicas.
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