Al gravoso negocio de Galicia con las autovías adjudicadas en régimen de concesión le ha salido otro agujero. La caída continuada del tráfico está provocando un desequilibrio respecto a las previsiones con las que construyeron los viales. Esto repercute en las cuentas de las concesionarias, que cobran de la Xunta un peaje encubierto fijado en función de esa expectativa de usuarios que ahora no se cumple. En este escenario, el Ejecutivo sostiene que se ve abocado a auxiliar a las empresas que explotan las autovías de Barbanza (AG-11) y O Salnés (AG-41) para evitar su quiebra y un rescate que cifra en 127 millones. Tras un paréntesis abierto por Facenda para analizar las posibles soluciones, que coincidió con el relevo al frente de la Consellería de Infraestruturas, el Gobierno de Feijoo ha retomado la operación con el propósito de aprobarla a final de año.
Será entonces cuándo la Xunta concrete oficialmente la fórmula elegida, que ya aplicará en el 2015, y el importe de esa inyección extra de fondos públicos a las concesionarias. El Ejecutivo se inclina por un incremento del canon que paga a las empresas que construyeron y explotan esas autovías. Defiende que elevar la tarifa que abona por vehículo sería la opción menos gravosa. De este modo, las concesionarias equilibrarán con recursos públicos lo que dejan de ingresar por el hecho de que los viales tengan una circulación sensiblemente menor a la que estaba prevista. Por el de Barbanza transitaron el año pasado 8.500 vehículos al día menos de lo estimado para su construcción. En el de O Salnés fueron 9.000 menos. Y la tendencia avanza en dirección contraria a la esperada. En lugar de ganar tráfico, esos viales cada año pierden más.
La incógnita está en la parte económica de la operación. ¿Cuál será el importe de esa inyección extra de fondos públicos? La última Lei de Orzamentos aporta una pista. La Xunta facultó en esa norma a la Axencia Galega de Infraestruturas a adoptar las «medidas de restablecemento do equilibrio económico necesarias para garantir a viabilidade económica da explotación das concesións de obra pública baixo o réxime de canon de demanda».
Para la cobertura de la deuda
En la práctica, esto implica que el Ejecutivo aportará el importe necesario para que las empresas puedan afrontar los gastos derivados de la deuda financiera por la construcción de las autovías. El límite que contempla está en la diferencia entre la inversión que presupuestó para los peajes y lo que realmente liquidó a las concesionarias de acuerdo al tráfico real. Por ejemplo, en las cuentas del 2013 reservó 9,68 millones para el canon de la AG-11, pero abonó 5,58. Y en la AG-41 pagó 600.000 euros menos de lo presupuestado. La inyección adicional no superará esos 4,7 millones de la diferencia, aunque la Xunta avanza que será menor y en ningún caso convertirá en beneficios las pérdidas de las empresas.
Esa subida de la tarifa por vehículo será limitada y se aplicará hasta la recuperación de los tráficos. Además, implicará una serie de condiciones para las concesionarias, que incluirán el control estricto de sus cuentas.
Hubo un tiempo en el que no se ponía el sol en las cuentas autonómicas. La recaudación fiscal era boyante. Las transferencias medraban generosas. Y las infraestructuras podían planearse a largo plazo y con amortizaciones millonarias. Ahí surgió el modelo concesional. Fraga lo adoptó y sus sucesores lo continuaron. Aceleraba la construcción de obra pública sin tensionar las cuentas. La Xunta adjudicaba el proyecto a una empresa para su ejecución, explotación y mantenimiento. A cambio, pagaba en cómodos plazos. Pero llegó la crisis. La tijera dicta los presupuestos y la carga hipotecaria es un lastre cada vez más pesado. La Xunta pagará 3.000 millones hasta el 2039 por las cuatro autovías en servicio con este método, que serán cinco con la de la Costa da Morte, y por el nuevo hospital de Vigo. Ya ha decidido no utilizarlo más.
¿Qué diferencia ese peaje encubierto del que paga el usuario en las autopistas?
Mientras en las autopistas el usuario abona un peaje en cabina, en las vías en concesión es la Administración la que paga un canon a las concesionarias según el tráfico. Al final, el coste se multiplica. En la autovía de la Costa da Morte pagará al cabo de los 25 años de concesión 745 millones por una obra que cuesta 208.
¿Cuántas autovías tiene Galicia con ese sistema?
Cuatro en servicio (Barbanza, O Salnés, Santiago-Brión y Ourense-Celanova), otra en obras (Costa da Morte), y el hospital de Vigo, también en construcción.
¿Por qué auxilia la Xunta a concesionarias privadas?
Para evitar una quiebra que la abocaría a un rescate que cifra en 127 millones: 85,2 por la AG-11 y 42,5 por la AG-41. El reequilibrio de las concesiones es una obligación contractual asumida por la Xunta, que acredita en este caso un riesgo real de que entren en concurso de acreedores.
¿Es un rescate como el que planea el Gobierno en las radiales madrileñas?
Es el desenlace que la Xunta trata de evitar. Sería mucho más gravoso. El Estado pagará más de 4.000 millones para rescatar las autopistas radiales adjudicadas en Madrid en la etapa de Aznar.
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