La Xunta de Galicia ha sancionado al Concello de Vigo por no acreditar la existencia de un plan de seguridad en la presa de Zamáns. Las autoridades locales no han presentado en tiempo y forma a Augas de Galicia un programa elaborado con un plan de actuación para actuar en caso de que se produzca algún desastre en el embalse que pueda suponer un riesgo para la población. En dos ocasiones, el ente autónomo requirió a la administración local para que regularizara toda la documentación que le corresponde tener al día por ser la titular del embalse.
No lo hizo así, y el departamento que dirige el conselleiro Miguel Hernández decidió la incoación de un expediente sancionador por un infracción leve que ha desembocado en la imposición de dos multas de 1.500 euros cada una. El Concello, por su parte, se niega a abonar el pago de la sanción y ha recurrido ante el juzgado de lo contencioso de Vigo el expediente abierto.
La vista oral se celebró esta semana en los juzgados vigueses y, para la emisión de una sentencia, quedó pendiente la entrega de documentación sobre el proceso sancionador que permita al magistrado tener una visión amplia del conflicto entre las dos administraciones. Las autoridades locales consideran que ya cumplieron con todos los requisitos marcados por la normativa, puesto que aseguran que en el año 2008 ya remitieron toda la documentación a la Xunta.
Sin embargo, para el gobierno autonómico, que se ratifica en la demanda, esta documentación está incompleta y dejaría al embalse sin un marco de actuación en caso de inundaciones. La población más afectada sería la que vive directamente debajo de la presa. Así lo puso de manifiesto la letrada de la Xunta durante la vista oral. «La administración presentó documentos incompletos que no se ajustan con la normativa, incumpliendo de esta forma le Ley de Aguas y como esta conducta está tipificada como una infracción se le abrió un expediente sancionador».
La defensa del Concello de Vigo se agarra a que las observaciones realizadas por Augas de Galicia fueron realizadas por un ingeniero que no pertenece a la administración. La Xunta contrató su asistencia técnica, pero al no formar parte de la administración, el Concello ignoró sus observaciones.
El Concello de Vigo también alegó en el juicio la existencia de un vacío normativo en esta materia, que obligaría a recurrir a las directrices de Protección Civil a la hora de realizar un plan de seguridad.
El conflicto político entre la Xunta y el Concello también se traslada a los tribunales de justicia con el cruce de pleitos. La vista oral en la que el Concello demandó a la Xunta por la multa de 3.000 euros que le puso por no contar con un plan de seguridad no estuvo exenta tampoco de reproches mutuos entre los abogados de las dos partes. Sobre el expediente sancionador impuesto por Augas de Galicia, el letrado del Concello de Vigo, Suso Costas, no dudó en calificarlo como una «falta de respeto a esta entidad, una especie de nepotismo poco acorde con los principios del derecho público sancionador».
«Excusas de mal pagador para no justificar un total desprecio a aportar una documentación tan importante como es la seguridad de la presa», contestó la letrada de la Xunta.
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