Castilla y León desbancó hace unos años a Galicia como líder en acuicultura continental de España. Desde entonces, la trucha gallega intenta remontar el río para recuperar su cetro, pero no encuentra más que obstáculos. Superó el problema del canon de saneamiento, que a punto estuvo de ahogar a todas las empresas con unas tasas desorbitadas y que, además, no tenían -ni tienen- que abonar competidores como los castellano-leoneses o los aragoneses. Rebasó también la amenaza del reglamento de especies exóticas, que señalaba como extraña a la trucha arcoiris -y por ende prohibía su cultivo-, a pesar de que lleva asentada en España varias décadas. Aún más dificultades: la competencia desleal de la trucha turca, que dejó en la quiebra más absoluta a decenas de empresas. Las últimas seis, tres de ellas gallegas, echaron el cierre el año pasado.
Ahora la trucha encuentra un nuevo escollo en su remonte: la intención por parte de la Xunta de imponer un caudal ecológico. Un requisito que vuelve a poner en jaque a muchas piscifactorías gallegas y que amenaza de lleno a la que es la mayor de Galicia: la que el grupo Tres Mares tienen en la parroquia de Lires (Cee), bebiendo del río Castro. Estas son sus cifras: 97.000 metros cuadrados, de los que 38.000 se dedican a superficie útil de cultivo; 2.200 toneladas de truchas el pasado año, 70 empleados directos y en torno a un millar indirectos y 5,61 millones de euros de facturación en el 2013, cayendo desde los 100 trabajadores y 9 millones.
Modelo inadecuado
El caudal ecológico se supone que se impone para cumplir con la directiva marco del agua, que España debe acatar antes del 2015. Pero las empresas alegan que no es eso lo que pide Europa. Dicen que la Xunta ha ido mucho más allá de lo que reclamaba Bruselas y que, además, se ha calculado un caudal ecológico basándose en datos «que no son reales, sobrevalorando el caudal natural de los ríos», sostiene la empresaria Luz Arregui, directora de calidad de Tres Mares.
El problema es que Augas de Galicia ha empleado un modelo matemático (denominado SIMPA), que no funciona bien en los ríos cortos y de abundancia tan variable como los gallegos. Así es que, según las compañías, se ha calculado el caudal mínimo que debe llevar un río como el Castro como si fuera el mismísimo Tajo. ¿El resultado? Que la Xunta pretende obligar a Tres Mares a devolver en verano 400 litros al río cuando, en época estival, el Castro no lleva esa cantidad de agua ni por asomo. Un absurdo que puede acabar poniendo en jaque a la piscifactoría ceense.
Luz Arregui apunta que las piscifactorías de trucha no consumen agua, sino que simplemente la utilizan y la devuelven. Y en el caso concreto de Tres Mares, hay un período que abarca de junio a octubre, los meses menos lluviosos, en los que no se hace prácticamente nada. «Los peces no se trasladan, no se les engorda, no se les vacuna, simplemente se los mantiene con el alimento justo para que no haya problemas de bienestar animal y se recircula el agua, pero eso es una cosa y otra es que, en verano, nos obliguen a liberar más agua de la lleva el río», explica la directora de calidad de la piscifactoría gallega.
Tres Mares está dispuesta a dar batalla en el plano burocrático por garantizar la continuidad de la piscifactoría. Ha solicitado a la Administración la revisión de ese régimen de caudales ecológicos para evitar el cierre de la primera piscifactoría de Galicia. Y la que lleva la firma de la dirección del grupo es solo una de las 2.300 alegaciones presentadas. Las otras corresponden a otros tantos vecinos de una comarca en la que no abundan las empresas con abultadas plantillas de trabajadores. «Creo que de Lires a Fisterra y de Muros a Carballo no queda nadie por firmar», asegura Luz Arregui.
Se queja la copropietaria de Tres Mares del escaso margen de maniobra que le ha dado Aguas de Galicia, pues hasta enero pasado no supieron de los caudales hidrológicos establecidos para los ríos de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Y, cuando tuvieron noticia, se estaba ya en pleno período de consulta pública. Antes, ni una llamada o pregunta sobre el río, su presa o la piscifactoría. Arregui subraya que ellos son los primeros interesados en que el río se mantenga en buenas condiciones. Se juegan su supervivencia. Y recuerda que la piscifactoría de Lires lleva ahí 45 años. «Antes incluso de que esta zona entrase a formar parte de la Red Natura y de que fuese declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC). Si el río y la empresa han sobrevivido, no tendría ahora por qué desaparecer ni una ni otra. Por ahora, la segunda tiene más papeletas.
 |
 |
 |