No cabe hablar de agujero contable. Tampoco de contrato inflado intencionadamente. Pero sí de un error de cálculo colosal que distorsionó durante años el impacto de la gravosa carga hipotecaria que soporta la Xunta por obras públicas adjudicadas en concesión. La pretensión del Gobierno de Feijoo de privatizar la gestión del vial Dozón-Ourense (AG-53), que conecta la autopista Santiago-Lalín (AP-53) con la autovía das Rías Baixas (A-52), ha sacado a la luz un desajuste en la previsión de su coste de 672 millones.
En síntesis, la autovía para la que la Xunta calculaba una factura de 1.185 millones de euros hasta el fin del contrato de explotación, en el 2057, tiene un coste real de 513 millones. Este desfase ha llevado al Ejecutivo a dar marcha atrás en su intención de privatizar la gestión del vial, después de renegociar con los bancos unas condiciones de financiación que, al verse reducido el importe en esos 672 millones, serán lógicamente más ventajosas que las actuales.
¿Cómo pudo producirse un error de esa magnitud en el plan financiero de la infraestructura? ¿Por qué pasó desapercibido? En los hechos participaron los gobiernos de Fraga, Touriño y Feijoo. El plan se aprobó en diciembre del 2003, con el decreto por el que la Xunta creó la sociedad pública Aceousa, a la que encargó construir, explotar y conservar el tramo Alto de Santo Domingo (Dozón)-Ourense de la autopista Santiago-Ourense (AP-53). El decreto estableció que Aceousa tendría como ingresos hasta el año 2057 la recaudación por peaje al usuario.
Pero estas condiciones se modificaron en el 2007. Con las municipales a la vista, Touriño anunció que el tramo Dozón-Ourense no llevaría cabinas de cobro. El bipartito decidió así que las tarifas que iban a abonar los usuarios pasarían a ser sufragadas por la Administración, con un peaje en la sombra. El órdago electoral triunfó en Ourense, pero el bipartito dejó un cabo suelto en el decreto por el que convirtió esa parte final de la autopista en autovía en concesión. Mantuvo el plan financiero que el Gobierno Fraga había diseñado para un vial con cabinas, sin valorar los gastos reales ni los beneficios que tendría Aceousa en el nuevo escenario. Ahí sitúa el actual Ejecutivo el origen del desajuste.
El Gobierno de Feijoo mantuvo la misma previsión de coste de la AG-53. En marzo del 2011, disolvió Aceousa y la gestión pasó a la Sociedade Pública de Investimentos (SPI). El desfase seguía oculto. En enero del 2013, el conselleiro Agustín Hernández reveló en el Parlamento la intención de privatizar el vial. Habló de un contrato de 1.552 millones hasta el 2057 que permitiría a la Xunta desprenderse de una deuda de 150 millones pendiente de amortizar desde su construcción. Ese negocio avivó los recelos de la oposición.
La Axencia de Infraestruturas activó el proceso para licitar el que sería el mayor contrato de la Xunta. Pero Facenda lo frenó para estudiarlo a fondo. Analizó con Infraestruturas dos alternativas: privatizar la AG-53 o renegociar con los bancos (BBVA y La Caixa) las condiciones del crédito. En ese análisis se destapa el desajuste. La Xunta, que en ningún momento actualizó el coste del vial que Hernández cifró en 1.552 millones, dice ahora que lo previsto eran 1.185 y que los pagos reales (amortización del crédito, mantenimiento y personal) suman 513,16. ¿Supone esto que la AG-53 costará 672 millones menos de lo estimado? En absoluto. El coste para la Administración será el mismo. Lo que ocurre es que la suma real de la factura no son los 1.185 millones previstos, sino 513.
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