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GALICIA

07/03/2014 | Neli Pillado
   

Oia pide presupuestos para derribar el Talaso y evitar las multas al alcalde


"El Concello tiene que cumplir la sentencia y asumir lo que diga la juez", afirma el regidor - El gobierno local pretende una demolición parcial para restituir la legalidad urbanística

El Concello de Oia tantea el coste del derribo del Hotel Balneario Talaso Atlántico para cumplir con la sentencia judicial, al mismo tiempo que busca encaje legal al edificio a través del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El alcalde, Alejandro Rodríguez, confirmó ayer que ha solicitado presupuesto a tres empresas distintas para contratar la redacción de un proyecto de demolición parcial que restituya la legalidad urbanística. Así se lo ha hecho saber a la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra, que le advirtió hace dos semanas de la imposición de la primera multa coercitiva de 1.500 euros, con cargo a su patrimonio personal, si no acataba el fallo que le obliga a hacer desaparecer el negocio hostelero de la zona de As Mariñas, en la parroquia de Mougás.

El regidor ordenó el derribo en los últimos días de 2013, justo cuando terminaba el plazo de un año que otorgaba el mismo juzgado pontevedrés para concluirlo. La magistrada le envió en febrero una providencia en la que le requería información sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia. Le avisaba de que, en caso de que no facilitase esos datos, recibiría una sanción que se repetirá cada mes hasta que no se restituya la legalidad urbanística.

Habrá que esperar a un nuevo pronunciamiento de la juez, en respuesta a las gestiones del Concello, para saber si finalmente Rodríguez tendrá que abonar o no las multas de su bolsillo.

La intención del alcalde es evitarlas y cumplir con el mandato judicial. "El Concello tiene que asumir lo que diga la juez. Tenemos que acatar la sentencia", subrayaba ayer Alejandro Rodríguez, quien se ha manifestado en varias ocasiones a favor de mantener en pie el hotel de cuatro estrellas para preservar los 60 puestos de trabajo y el atractivo turístico que el negocio supone para el entorno.

Pero la legalización del inmueble, a juicio del gobierno local y del propietario, depende de los avances del Plan Xeral, cuyo documento para la aprobación inicial todavía no se ha presentado. Por el momento, la prioridad es "ejecutar la orden judicial" y el regidor prefiere no pronunciarse acerca de la tramitación del documento urbanístico. Lo único que explicó ayer es que el Ayuntamiento se quedará con el presupuesto que "mejor se adapte a la economía del Concello" para encargar el plan de demolición.

Tampoco aclara el alcalde el impacto que tendrá la obra sobre las arcas municipales. Tan solo una semana después de aprobar en pleno un presupuesto de 1,3 millones, Rodríguez asegura que todavía no dispone de datos sobre el coste del derribo, ya que las firmas invitadas aún no han entregado sus estimaciones.

El establecimiento carece de licencias. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia las anuló en 2009, dado que el Ayuntamiento de Oia las concedió en base a una ordenanza que nunca llegó a hacerse efectiva, puesto que no se publicó en ningún boletín oficial.




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