Lo que hasta hace cuatro meses era un mero trámite para el gobierno popular de Nigrán se convierte hoy en quebradero de cabeza. El paso de la mayoría absoluta en la Corporación a la minoría tras la dimisión del exconcejal de Urbanismo Ignacio Vilas deja en manos de la oposición el pago de un total de 143 facturas por importe de 116.640,70 euros. El asunto arrancará el debate del pleno hoy a las 10.00 horas. Todo apunta a que quedará sobre la mesa, dado que PSOE, UCN y BNG han adelantado su rechazo ante el "demoledor" informe del interventor. El funcionario considera "irregulares" los recibos. Y no solo porque su abono se plantea fuera del presupuesto municipal, sino porque carecen de avales técnicos y corresponden, según señala, a "contratos verbales" por parte de concejales, una práctica estrictamente prohibida en la administración pública para salvaguardar la transparencia en la gestión y la libre concurrencia de las empresas.
El informe del interventor afirma que no existen fondos para abonar los importes requeridos por parte decenas de proveedores, que han prestado servicios o materiales al Ayuntamiento mayoritariamente en 2013. Así que el gobierno tendrá que reservar partidas en los próximos presupuestos -opera con los de 2013 prorrogados- para hacer frente a estos gastos. De ahí que plantee al pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito.
Tanto el gobierno como los portavoces de la oposición entienden que este método debe erradicarse, como argumenta el interventor para garantizar la estabilidad presupuestaria. Así lo admiten el alcalde, Alberto Valverde, y el concejal de Hacienda, Alberto García. Ambos aseguran que los reparos del funcionario versan únicamente sobre esa forma de afrontar los pagos y recuerdan que el anterior gobierno -el bipartito PSOE-BNG- llegó a aprobar un reconocimiento extrajudicial de más de 1,5 millones de euros en 2009.
Responsabilidades penales
Pero lo cierto es que el informe habla de ausencia de justificación, de "subvenciones encubiertas", de incumplimiento de la ley de contratos del sector público y advierte a los gobernantes del riesgo de vulneración de diversas leyes, incluso del código penal, por lo que podrían enfrentarse a inhabilitación e incluso condenas de prisión.
Son estos motivos los que generan las discrepancias de la oposición. El portavoz del PSOE, Juan González, considera una irresponsabilidad pasar por alto las advertencias del interventor porque "se trata de irregularidades muy graves". El socialista está de acuerdo en asumir los pagos a los proveedores, pero "habrá que hacerlo de forma legal". Por eso planteará al gobierno que deje el asunto sobre la mesa y justifique correctamente los gastos para su debate en la sesión siguiente.
El representante de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández Comesaña, también censura el "descontrol en el gasto" y la falta de justificación, por lo que propondrá una comisión de seguimiento para analizar las facturas.
El líder del BNG, Xabier Rodríguez, se muestra en contra del abuso del reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que reflexionaba ayer sobre si se abstendría o votaría en contra.
Todo queda en manos de Ignacio Vilas, que prefirió no pronunciarse ayer sobre el sentido de su voto.
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