Dos empresas de Oia podrían sortear sus órdenes de derribo en los próximos meses. Se trata del Hotel Balneario Talaso Atlántico y la carpintería metálica Aluminios Silleiro. Al menos así lo defienden los representantes de la Xunta y el Concello. Tras apuntar el jueves el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, a una posible solución legal para el complejo hostelero y advertir la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de que solo el Plan Xeral podría otorgarle cierta legalidad, el gobierno municipal recogió ayer el guante. El alcalde en funciones, Eugenio Portela, insistió en que el Ayuntamiento y el equipo redactor trabajan codo a codo y a marchas forzadas para sacar adelante cuanto antes el documento. El calendario acordado por ambas partes sitúa el próximo año como meta para dejarlo aprobado de forma definitiva.
El reto se presenta complicado. El proyecto urbanístico se encuentra en fase embrionaria. La empresa redactora espera entregarlo este mes al Concello para remitirlo de inmediato a la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo con la esperanza de que emita su valoración en dos meses. Si este plazo se cumple y el informe admite los planteamientos sin demasiadas correcciones, llegaría el momento de proponerlo al pleno para su aprobación inicial. Eso ocurriría en verano, según los cálculos de Portela, que todavía sustituye en la Alcaldía Alejandro Rodríguez, de baja médica.
Seguidamente, se expondría al público dos meses y se enviaría de nuevo a las administraciones implicadas para obtener sus evaluaciones. El equipo redactor tendría que refundir entonces las recomendaciones institucionales y las alegaciones de los vecinos y propietarios para llegar a la aprobación provisional por parte del Concello el próximo año y, a continuación, al visto bueno definitivo de la Xunta.
Será una carrera a contrarreloj que Portela ve factible. "Tenemos que trabajar todos para salvar estas empresas. Lo primordial es defender los puestos de trabajo", apunta. Por eso recalca la necesidad de que la consellería de Agustín Fernández colabore, como adelantó el jueves, apurando sus análisis y conclusiones. En este sentido, recuerda que el retraso del documento, contratado en 2006, responde a las "continuas adaptaciones a diversas normativas recientes". A este respecto, recuerda que tanto la LOUG como el POL avalarían instalaciones de talasoterapia en suelo rústico.
La tramitación en tiempo récord planteada pretende salvar dos empresas, pero también la propia economía municipal. "El Concello no podría permitirse asumir el gasto del derribo del Talaso", asegura Portela.
El gobierno local ni siquiera ha solicitado presupuestos para conocer el coste de las tareas de demolición. "Es una opción que no barajamos", explica el regidor accidental. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Oia presenta un presupuesto anual de poco más de un millón de euros y una obra de tal calibre lo dejaría prácticamente en la quiebra, sin ni siquiera mencionar las indemnizaciones que le reclamarían las empresas afectadas.
Pero los representantes municipales no quieren ni oir hablar de ello. Máxime tras escuchar las declaraciones del presidente Feijóo, que suscribía las palabras del presidente del consejo de administración del Talaso, Jesús Pérez Gil, en diversas ocasiones. El empresario alude a la necesidad de tomar decisiones políticas para mantener el negocio por su repercusión social, económica y turística, pero sobre todo por el empleo de sus más de 60 trabajadores.
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