El Ministerio de Hacienda ha trasladado al fiscal general del Estado las irregularidades detectadas por la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), en el proceso de adquisición y mantenimiento de 104 depuradoras, por parte de la Diputación de Ourense, con cargo a los fondos Feder. Esta es la principal aportación que realizó ayer el ministro Cistóbal Montoro, en la respuesta que ha dado en el Congreso a la socialista Laura Seara, además de incidir en que su departamento había incoado (en el pasado mes de septiembre) un expediente de reintegro de las subvenciones percibidas por la referida institución ourensana, en el marco de los proyectos Daredo y Deputrans, por valor de 10,1 millones de euros.
La Oficina Europea de Lucha Antifraude censura las prácticas de la Diputación, realizadas bajo la presidencia de José Luis Baltar, y ve en ellas posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude en el presupuesto de la Unión Europea. Los grupos del PSOE y del BNG han pedido al titular del Juzgado de Instrucción número dos de Ourense, Antonio Piña, que investigue también supuestos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Cristóbal Montoro destacó durante su intervención que el día 8 de agosto de este año tuvo entrada en la Dirección General de Fondos Comunitarios el "informe final" sobre la investigación abierta de la Oficina Europea de Lucha Antifraude que concluía que los procesos de contratación de las plantas depuradoras "resultaron irregulares por diversas razones". En lo que se refiere a los contratos de asistencia técnica, "la OLAF concluye que la Diputación Provincial de Ourense también incurrió en procedimientos irregulares".
Montoro agregó que, en cumplimiento de dichas recomendaciones, la Dirección General de Fondos Comunitarios "ha iniciado los expedientes de reintegro para la recuperación de las ayudas de Feder recibidas por la Diputación de Ourense por el proyecto Daredo y por el proyecto Deputrans".
En vista de que la OLAF considera que los hechos anteriormente descritos "pueden ser constitutivos de ilícitos penales, previstos en el Código Penal español", el Gobierno remitió el informe final al Fiscal General del Estado "para su consideración", explicó Cristóbal Montoro, apostillando: "Es lo que corresponde hacer y lo que estamos haciendo".
El grupo del BNG advierte de que la devolución de 10,1 millones de euros colocaría a la Diputación de Ourense "al borde de la bancarrota", por suponer la práctica totalidad de las inversiones reales que hace durante todo un año. Sin embargo, anuncia que no se personará en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número dos de Ourense, debido a la línea que mantiene, "contraria a judicializar la política". En cambio el PSOE anuncia que ejercerá como acusación, salvo que resulten prohibitivas las tasas y el aval que tenga que afrontar esta formación política.
De todas formas, ambos grupos coinciden en que, en el caso de que la Diputación de Ourense tenga que devolver los 10,1 millones de euros que le reclama la Oficina Europea de Lucha Antifraude, por medio del Ministerio de Hacienda, "tendría que efectuar el pago la familia Baltar", como responsable de la actuación, que ha "amasado una gran fortuna" durante el período de más de dos décadas que permaneció al frente de la institución.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar -hijo de su predecesor en el cargo, José Luis Baltar, al que le atribuyen las posibles irregularidades-, sostiene que Cristóbal Montoro "no ha aportado ninguna novedad" en su intervención, en la respuesta que ha dado a la socialista Laura Seara, dado que todo ello "consta en las consideraciones finales del informe de la OLAF".
"Nadie habla de ejecución ni tampoco de pago. Se puso en marcha un expediente de reintegro, que como todos los procedimientos administrativos contempla un período para las alegaciones. La Diputación formuló sus alegaciones. Ahora tiene que haber una propuesta de resolución. Contra esa propuesta de resolución tendremos un nuevo trámite de audiencia, para formular nuevas alegaciones. Y luego tendrá que haber una resolución. Contra esa resolución también hay abierta una vía jurisdiccional para que la Diputación pueda defender sus derechos", resume el proceso Manuel Baltar.