La mina de Corcoesto, “beneficiosa” para la comarca Bergantiños según la Xunta, y una “barbaridad desde todos los puntos de vista” para la oposición, volvió hoy al centro del debate político tras la pausa estival con las posturas igual de enconadas. El Gobierno gallego mantiene su apoyo al proyecto que lidera la multinacional canadiense Edgewater, a través de la filial Mineira de Corcoesto S.L, y no renuncia “definitivamente” a la mina como volvieron a reclamarle PSdeG, BNG y AGE, los tres grupos de la oposición. “Hay suficientes datos y oposición social como para paralizarlo”, sintetizó la nacionalista Ana Pontón. Para los populares, los argumentos en contra se fundamentan en informes parciales y “paracientíficos”.
Fue en la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial y Medio Ambiente que reabrió la polémica a partir de una proposición no de ley planteada por el PSOE para exigir a la Xunta que dejase sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la mina que la consellería de Agustín Hernández dictó sin ambages en diciembre del 2012 y que avala una gran explotación a cielo abierto para extraer oro con cianuro en unas 700 hectáreas de terrenos que lindan con zonas protegidas por su valía natural junto al río Anllóns.
El PP impuso otra vez su mayoría absoluta para defender un proyecto extractivo más que controvertido y rebajó a “paracientíficos” los informes críticos que aireó la oposición. Lo hizo por boca del diputado popular, Aurelio Núñez Centeno, que ignoró los argumentos que le ofreció la socialista Patricia Vilán, tomados de informes elaborados por la Universidad de Santiago y referidos a explotaciones anteriores en la misma zona que llevaban aparejados niveles “muy alarmantes” de arsénico en aguas del río.
Para Centeno son informes parciales de los que únicamente toman “pedazos a medida” y entiende que en ellos no queda probada la relación “causa-efecto” entre el arsénico en el Anllóns y la explotación del mineral. Sostiene, el diputado popular, que la DIA se elaboró “correctamente” y añadió que las técnicas empleadas ahora para separar el oro de la roca son “mejores” que en el siglo pasado. Para la oposición, la mina de Corcoesto coloca a Galicia en “un modelo colonial” trasnochado en el que una empresa extranjera saca tajada con la destrucción del patrimonio natural y se lleva los beneficios dejando los “pasivos ambientales” -balsas de residuos y acuíferos afectados- en palabras del diputado de AGE, Antón Sánchez, que instó a la Xunta a “darle carpetazo” al tema.
Ana Pontón fue más gráfica y recurrió a las cifras para explicar que la empresa aspira a sacar unas 34 toneladas de oro, “el equivalente a un camión”, puntualizó. Para ello, dijo, removerán “530 campos de fútbol” de tierra dinamitando la superficie con 4.300 toneladas de cianuro que dejarían el doble de arsénico y 17 millones de toneladas de residuos. Los socialistas insisten, además, en el que Valedor do Pobo mantiene abierta una investigación sobre la mina y piden que se incorporen al expediente todos los informes elaborados por el departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia de la USC y de la Sociedad Galega de Historia Natural. El rodillo de la mayoría popular echó por tierra la proposición de aparcar definitivamente el proyecto minero de Corcoesto con 7 votos en contra frente a los cinco que sumó la oposición.
En la misma comisión, los populares también se opusieron a la propuesta de Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, que denunció “presiones” del PP en el Parlamento Europeo para borrar del informe definitivo sobre las rías gallegas las referencias críticas a Reganosa y a la contaminación en Ferrol. El PP restó importancia a la “ocultación” que denuncia AGE, y que sí respaldaron BNG y PSOE. “La lectura del primer informe y del segundo -con párrafos más críticos ya suprimidos- es cuando menos esperpéntica”, afirmó Díaz. Pontón afeó al PP que planteen un “informe descafeinado para no molestar a la Xunta y al Gobierno central”. La comisión de eurodiputados viajó a Galicia en febrero para analizar las repetidas denuncias sobre la contaminación que llegaron a Bruselas y el informe debía concluirse en primavera.
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