El Servicio Provincial de Costas ha otorgado al Talaso de Oia un plazo hasta el próximo 26 de noviembre para que renueve todos sus sistemas de bombeo y captación de agua de mar porque no se ajustan al proyecto original según el cual obtuvo la licencia. El complejo turístico podría perder la concesión para captar agua de mar si no regulariza esta situación. La jefa del Servicio de Costas ya ha advertido que si no se adecúan las instalaciones solicitarán a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar la autorización para incoar un expediente de caducidad de la concesión.
Los técnicos de este departamento comprobaron las irregularidades tras dos denuncias que fueron presentadas el pasado mes de febrero. Los incumplimientos se basan en que los puntos de captación de agua de mar para los tratamientos termales y los de vertido no se sitúan dentro de las coordenadas que quedaron fijadas en el proyecto inicial.
Por otra parte, la estación de bombeo que impulsa las aguas invade un espacio de dominio público marítimo terrestre. El pasado mes de junio, el Servicio de Costas desestimó la alegación presentada por los responsables del Talaso de Oia, que se basaba en que las infracciones habrían prescrito al no haber culminado un expediente del año 2003. Al seguir existiendo estas irregularidades, deben ser corregidas. La empresa solicitó el pasado 24 de julio a Costas una prórroga para poder presentar un proyecto rectificado. La demarcación ha accedió a esta petición y ha fijado el 26 de noviembre como fecha tope.
El propietario del Talaso, Jesús Pérez, manifestó que están preparando un recurso, puesto que consideran que no han cometido irregularidades, dado que la única normativa existente en esta materia no es de obligado cumplimiento.
Por otra parte, el Servicio de Costas ha trasladado a la Consellería de Medio Ambiente las denuncias por presunta contaminación medioambiental por vertidos de aguas fecales directamente al mar. Además de estas denuncias, el Talaso se enfrenta a una orden de derribo al haber anulado los tribunales la licencia de construcción. Jesús Pérez apeló a la voluntad política para no acabar con un negocio que genera riqueza y puestos de trabajo.
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