El revuelo que ha levantado la concesión de dos autorizaciones para el trasvase de combustible a flote en la ría de Ferrol, una práctica que el Gobierno prohíbe en Gibraltar, ha forzado a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao a dar marcha atrás. “No se ha hecho ni está prevista ninguna operación de trasvase de fuel en fondeo”, confirmó ayer a este periódico un portavoz del ente. Sin más explicación.
El puerto guarda silencio mientras el alcalde ferrolano, José Manuel Rey aseguraba esta semana que esos permisos ya estaban “bloqueados”. La Autoridad Portuaria, que encabeza desde abril José Manuel Vilariño, exportavoz local del PP y mano derecha Rey en el consistorio, pretende diluir la polémica con el mismo sigilo con la que su Consejo de Administración aprobó en junio las licencias para que dos empresas llenasen de gasolina unas gabarras —más pequeñas que los megabuques repletos de combustible que fondean permanentemente en el Estrecho— para surtir a los 200.000 barcos que navegan cada año por el corredor marítimo de Fisterra. En ese Consejo están representados tanto el Ayuntamiento de Ferrol como la Xunta. Los que no tenían representación, en cambio, eran los mariscadores del pósito ferrolano que depuran sus bivalvos frente a la dársena exterior de Caneliñas, base para el 'bunkering' a flote. Esta práctica entraña un riesgo ambiental continuo para el medio marino y la salud humana contra la que llevan años batallando los ecologistas en aguas del Estrecho en una lucha que cristalizó en 2012 con decreto del Gobierno para preservar la bahía de Algeciras (Cádiz).
El PSdeG había anunciado acciones legales para impedir el trasvase a flote en el litoral ferrolano. Sostienen que la primera práctica iba a realizarse el pasado 10 de agosto pero que se pospuso a última hora por la alarma que generó . El BNG y AGE también se han sublevado contra esta práctica y exigen a la Xunta que revoque las autorizaciones ya concedidas. El puerto tramitaba una tercera. La única comunicación oficial de la Autoridad Portuaria sobre este asunto se realizó el 7 de agosto y pronosticaba “beneficios” sin concretar para la economía local. Presumía, además, de que la ría contaría con un buque anticontaminación "puntero a nivel mundial", obviando que se trata de la misma gabarra que Salvamento arrendaba contra los vertidos de gasoil