El senador del PP Enrique López Veiga recalcó ayer que en el marco de la nueva Ley de Costas, que rebaja la franja de protección de 100 a 20 metros, llegó "el turno de los ayuntamientos" para la definición y defensa de los núcleos rurales tradicionales, y en esta labor les pidió diligencia.
En rueda de prensa, López Veiga matizó que la nueva normativa no favorece "un desarrollo salvaje de la costa", sino que trata de "defender los intereses de familias" afectadas. "La reforma despeja el futuro para cientos de familias humildes que dejaron de tener una casa en propiedad y pasaron a tener una concesión, pero no legaliza viviendas en la costa posteriores a 1988", resumió tras haberse reunido con una decena de alcaldes de municipios costeros junto con otros cargos del PP.
Asimismo, detalló que en el área de influencia de Vigo son 2.668 las viviendas afectadas por la reforma de la Ley de Costas: 424 en el propio municipio; 665 en Cangas, 394 en Nigrán, 333 en Oia, 232 en Redondela, 267 en Moaña, 136 en A Guarda y 101 en Baiona, entre los más numerosos.
El portavoz de urbanismo del grupo parlamentario Popular, Román Rodríguez, ahondó en el tema explicando que "la visión plana" de la Ley de 1988 "no se adapta a la realidad del litoral gallego", por lo que ve "ilógica" la negativa del PSOE basada en una posible puerta abierta a la especulación urbanística. "No es así, solo se está reconociendo la singularidad de la costa gallega", aseveró Rodríguez, quien insistió en que "no hay una legalización para el 100% de los casos, sino solo para los que cumplan los requisitos".
El portavoz del PP de Vigo, José Manuel Figueroa, añadió que en el caso de la ciudad olívica, al existir planeamiento, existe una ventaja al contar con un plazo de dos años para trabajar en la definición de núcleos.
A pesar de esto, advirtió: "Vamos a exigir que se haga un estudio de los casos y comiencen a tramitarlo ya", y avanzó que el tema será expuesto en la reunión de la Gerencia de Urbanismo de hoy.
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