Con una denuncia ambiental ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los vecinos de la urbanización As Garzas, en el casco urbano gondomareño, quieren poner freno al avance imparable de las obras de saneamiento que Augas de Galicia realiza frente a sus casas, en la confluencia de los ríos Miñor y Zamáns. Allí se instalarán un tanque de tormentas y una estación de bombeo que a juicio de los residentes convertirán la hasta ahora zona verde en "un inmenso váter".
Motivan su denuncia en la sospecha de que los trabajos carecen de licencia, algo que desmintió hace unos días el alcalde, Fernando Guitián, pero que "en el Ayuntamiento nos siguen confirmando", indicó ayer Juan Carlos Salgado, portavoz de los afectados. Suponen además que la instalación provocará importantes molestias, principalmente "malos olores", y la "ocupación de una finca ideal para un parque infantil y que está en el arranque del futuro paseo fluvial hasta A Ramallosa", agregó.
Señalan además que sobre la parcela se asentará un "mamotreto" de algo más de "400 metros cuadrados" y "3 metros de altura", una edificación que provocará un importante "impacto visual" en la zona.
Reunión vecinal, el viernes
Mientras aguardan el resultado de las investigaciones del Seprona sobre las obras, en las que la Xunta invierte 3,5 millones de euros, los vecinos empiezan a movilizarse y han convocado una reunión abierta para este viernes, a las 21.00 horas, ante el centro de salud de Gondomar.
El encuentro les servirá para compartir la "escasa" información que tienen del proyecto, que tiene como fin último reducir la contaminación en el estuario de A Foz y evitar las frecuentes inundaciones en el centro de Gondomar.
El tanque, advierten, almacenará tanto el exceso de aguas pluviales como las fecales procedentes de las parroquias situadas en la cuenca del río Zamáns (Morgadáns, Chaín y Vilaza) y "al parecer, incluso del Cuvi", asegura Juan Carlos Salgado. La estación de bombeo servirá para impulsarlas de forma progresiva hacia la depuradora para evitar los colapsos actuales.
Además de las molestias que consideran que va a ocasionarles, los vecinos también señalan que sus viviendas perderán valor. "Por un piso medio se estaban pagando 32 millones, que con la crisis ya se redujeron a 22", asegura Salgado, para quien, tras las obras, "el precio de los pisos podría caer aún un 50% más".