La sentencia del Tribunal Supremo que anula la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria a la empresa Residencial Marina Atlántica para construir un puerto deportivo en Massó ha provocado menos reacciones de las esperadas. El líder de Alternativa Canguesa de Esquerdas, Mariano Abalo, que en el momento del conflicto era concejal de Urbanismo y que lideró la lucha contra esta instalación habla ahora de lo que supone el fallo judicial. Considera que la sentencia debe dejar el camino abierto para que la Justicia actúe de una forma más contundente, en clara alusión a que los tribunales en su momento rechazaran la suspensión cautelar de las obras. Mariano Abalo menciona falta de garantías legales en un proceso que, "de non ser pola loita veciñal e mariñeira levantaríase un proxecto abocado a desfeita da ría. O impacto sería brutal". El dirigente de ACE pide un resarcimiento: la eliminación de todo tipo de causas judiciales abiertas contra los vecinos de Cangas, porque la sentencia del Tribunal Surpemo demostró que los vecinos velaban por la defensa del dominio público. Critica duramente las intervenciones en esta causa de los que fueron presidentes de la Autoridad Portuaria, Julio Pedrosa y Abel Caballero y señala que hubo gravísimas irregularidades en la concesión, al tiempo que a su entender la sentencia deja claro que el Concello de Cangas debió de paralizar las obras. En contra de los temores del alcalde José Enrique Sotelo, Mariano Abalo está convencido de que la empresa no intentará pedir ningún tipo de indemnización y recuerda que fue ella la que renunció a la concesión de forma voluntaria. Afirma que todo este entramado empresarial está bajo sospecha y menciona por primera vez la empresa Atlántica Construcciones y Promociones ligada supuestamente también a Ubaldino Rodríguez y a Nova Caixagalicia (NCG). Y lo hace porque considera que es exigible que los propietarios de los terrenos intervengan para evitar que el máximo referente del patrimonio conservero de Europa se desplome por abandono. Por eso considera esencial también la intervención de la la administración autonómica y critica que ningún gobierno de la Xunta de Galicia se hubiese preocupado por mantener este pratrimonio. Por eso recuerda que el Concello de Cangas debe contactar con Atlántico Construcciones y Promociones S.L. y también con NCG, ya que a la citada empresa no entró en suspensión de pagos y el banco es también propietario de los terrenos de Massó, por lo que se le deben pedir responsabilidades por la situación en la que se encuentran los edificios de Massó
Mariano Abalo también hace menciona al actual alcalde José Enrique Sotelo. Recuerda que fue él quien firmó el convenio urbanístico de Massó, el germen de todo este conflicto social.