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GALICIA

20/02/2013 | X. A. Taboada | SANTIAGO
   

El Congreso aprueba la Ley de Costas que permitirá legalizar 12.500 viviendas en Galicia


La reforma dará al Gobierno central la última palabra, por encima del criterio de la Xunta, para decidir sobre la prórroga de Ence - La oposición denuncia el "urbanismo salvaje"


Instalaciones de Ence en la ría de Pontevedra. // Rafa Vázquez

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los únicos votos del PP a favor, la reforma de la Ley de Costas que para Galicia tendrá dos claras consecuencias. Permitirá "legalizar" los núcleos marineros tradicionales y salvar de la piqueta unas 12.500 viviendas que están ahora en zona de dominio público marítimo al rebajar de 100 a 20 metros la franja de protección desde la línea de mar; y dará al Gobierno central la última palabra, por encima del criterio de la Xunta, para decidir sobre la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra.

La reforma se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente y ahora debe pasar el trámite del Senado. El PP ya anunció que en la Cámara Alta presentará nuevas enmiendas sobre el cambio climático, por lo que posteriormente tendrá que volver al Congreso para su ratificación definitiva. El nuevo texto solo lo apoyó el PP, mientras que el CiU se abstuvo y el resto votó en contra por entender que se abre la puerta al "urbanismo salvaje en la costa".

Con la ley de 1988, numerosos núcleos marineros tradicionales o parte de ellos, por falta de un correcto deslinde, quedaron dentro de la zona de dominio público marítimo, lo que provocó que esas construcciones pasaran a ser titularidad del Estado, que permitió a sus inquilinos seguir ocupando las viviendas pero en régimen de concesión y sin posibilidad de venderlas ni hacer más obras que las imprescindibles para su mantenimiento.

Los intentos para legalizar esas construcciones fracasaron, pero la reforma de la Ley de Costas ha abierto una vía para regularizarlas. La fórmula es rebajar de 100 a 20 metros la anchura de la zona de protección, como si se tratara de un núcleo urbano, por lo que estos asentamientos quedan fuera del dominio público y pasan a regirse por la disciplina urbanística ordinaria, sin estar sujetos a concesiones y con la posibilidad de vender las construcciones existentes. Pero esta amnistía solo sería para las viviendas y núcleos existentes con anterioridad a 1988.

La Xunta considera que esta medida permitirá regularizar en Galicia unas 12.500 viviendas, de las que 4.500 se beneficiarán de forma directa y otras 8.000 dependerán de que sus respectivos ayuntamientos realicen los trámites oportunos para delimitar esos núcleos rurales.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, rechazó que se abra la puerta al urbanismo salvaje y aseguró que tampoco se permitirá construir donde antes estaba prohibido.

Actividades industriales

Otro cambio sustancial afecta a las industrias contaminantes ubicadas en la costa, como es el caso de Ence en Pontevedra, cuya concesión expira en 2018. En el proyecto de ley, la prórroga de su actividad dependía de un informe vinculante y favorable de la administración autonómica, pero en su trámite en el Congreso, el PP introdujo una enmienda de forma que el Gobierno, aludiendo a causas de interés general y mediante una exposición razonada, tiene la última palabra para poder decidir en contra del criterio de la comunidad.

Así, la Xunta siempre se ha mostrado en contra de prorrogar la concesión a Ence en la actual ubicación, pero el Ejecutivo central podría, con la ley en la mano, autorizar la continuación de la papelera y por 75 años, nuevo plazo que se dará a todas las actividades industriales y turísticas que se desarrollan en la zona de protección marítima.

Esta posibilidad fue censurada ayer por el diputado del PSOE Guillermo Meijón. "Para Feijóo sería la excusa perfecta. El Gobierno le permitirá salvar la cara y exculparse si Ence obtiene la prórroga de la concesión", denunció.

En parecidos términos se manifestó la diputada del Bloque Olaia Fernández Davila. "Nos preocupa este cambio por lo que significa para la continuidad de las industrias contaminantes en las rías", recriminó la parlamentaria.




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