El Parlamento gallego dio el visto bueno sólo con el voto del PP para llevar a cabo las catas en la sierra del Galiñeiro con el fin de evaluar la viabilidad económica y poder llevar a cabo la futura extracción de ‘tierras raras’ en la agrupación montañosa.
El proyecto causó gran polémica en los ayuntamientos de Gondomar, Porriño, Tui y Vigo que en un primer momento algunos de ellos vetaron mediante mociones celebradas en sus plenos por suponer una amenaza medioambiental para la cordillera. La propuesta fue llevada a cabo por la multinacional sudafricana Umbono Capital la cual presentó un plan para llevar a cabo catas en cien mil metros cuadrados de la agrupación montañosa con el fin de evaluar la cantidad de minerales raros que aquí se encuentran.
El diputado del PP José Freire Abeijón insistió especialmente, en el debate celebrado, en que en momentos como el actual hay que tratar de generar empleo, no se deben 'bloquear' proyectos mineros, como el aquí planteado. Al mismo tiempo también aprovechó para explicar que estos minerales se encuentran en “ubicaciones caprichosas” con lo que para encontrarlos es imposible “hacer una tortilla sin romper los huevos previamente'. Estas declaraciones surgieron fruto de la iniciativa tomada por AGE en la que se instó a los demás grupos de la oposición para ampliar la protección de la zona. Freire reiteró que el PP también quiere que se lleve a cabo una protección medioambiental de la zona pero que no se puede poner como pretexto para impedir el proyecto que la empresa sea extranjera. Al mismo tiempo el diputado popular mantuvo la postura de que para llevar a cabo acciones de este tipo hay que ceñirse a unas normativas medioambientales muy estrictas y que además fueron aprobadas en el gobierno bipartito. La ley establece que para otorgar un derechos mineros primero hay que dictar una declaración ambiental. Freire también añadió que todo proyecto de este tipo tiene que estar sujeto a un período de exposición pública para que los afectados puedan presentar alegaciones si las hubiese. Al mismo tiempo sopesar la posibilidad de que la extracción de este mineral pueda tener consecuencias catastróficas para la cordillera. Para finalizar destacó que es responsabilidad de las administraciones vigilar y exigir el cumplimiento de las normas, pero no 'impedir sistemáticamente el desarrollo de cualquier iniciativa empresarial orientada al aprovechamiento de los recursos de nuestro subsuelo'.
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