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GALICIA

14/07/2012 | M. V.
   

"A ría non se vende" alega la totalidad del Plan de Delimitación de Usos del puerto


Exige un proyecto de gestión ambiental de manera "urgente" y parar todos los rellenos

La red de 17 asociaciones que integran "A ría non se vende" presentó ante la Autoridad Portuaria un amplio documento con sus alegaciones a la propuesta de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP). En él exigen una "planificación integral" del puerto que obligaría a realizar informes sobre el estado ambiental de la ría, sus recursos naturales... A esto habría que sumar planes estratégicos como el de infraestructuras, de espacios portuarios o el de ordenación del puerto. Ante todo exigen que prime la "racionalidad y legalidad", la democracia participativa en su elaboración y que el principio de cautela y evaluación ambiental presida todos los planes.

"A ría non se vende" considera que el plan de gestión ambiental debe realizarse con urgencia y exige la inmediata paralización de los rellenos en curso, además de su moratoria. Paralelamente, reclaman la desafección de múltiples espacios (ensenada de San Simón, Cabo Home, las aguas de Cíes, todos los arenales, todos los caladeros, los polígonos de bateas, zonas de fondeo tradicional...).

"El puerto de Vigo no puede crecer ni en extensión ni en calado como el de Barcelona, Valencia o Algeciras, que crecen al mar abierto, porque el crecimiento del puerto implica un ataque directo a la ría. Por lo tanto, cualquier proyecto de ampliación requiere un riguroso estudio ambiental", sostienen. Como ejemplo ponen el "devastador" relleno de Bouzas realizado entre 1965 y 1990, "donde estaba el banco de almeja más productivo de la ría, que pasó de producir 940 toneladas en 1967 a una en 1986". "No hay justificación para más ampliaciones. A lo largo de 10 km desde Bouzas al puente de Rande no hay ni un solo kilómetro de espacio público litoral para el disfrute de la ciudadanía", denuncian. Por este motivo, reclaman reducir los almacenes y galpones infrautilizados y reubicar a las industrias ajenas a la actividad portuaria en otros lugares, ya que aseguran que muchas vulneran "sistemáticamente" el artículo 72 de usos y actividades permitidas en el dominio portuario.




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