Todo el terreno que ocupará la futura depuradora de Vigo está ya en manos de Acuanorte, el ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirige el proceso para construir la macroplanta de tratamiento de aguas. Con una excepción. Los dueños de una de las nueve casas afectadas rechazan el precio ofrecido y, según portavoces de la entidad estatal, ambas partes están "en fase de mutuo acuerdo". Aunque no se resuelva de inmediato la expropiación, la ubicación de la vivienda dentro del espacio que ocupará la infraestructura hidráulica no repercute sobre el inicio de las obras, según añaden desde Acuanorte.
El proceso expropiatorio de las 157 parcelas afectadas arrancó en abril de 2011, y en una primera fase autorizaron la ocupación 50 particulares. "A fecha de hoy ya se encuentra expropiada la totalidad del terreno previsto y los bienes, salvo una vivienda", apuntaron ayer desde Acuanorte. La entidad tuvo que corregir ligeramente a finales de abril la ubicación de la futura depuradora, ya que invadía zona de dominio público marítimo-terrestre. Esta circunstancia, sin embargo, no obligó a nuevas expropiaciones y se mantiene el cronograma para construir la planta, que se ubicará en parte en los terrenos de la instalación actual, a los que se suman otros 62.000 m2 lindantes por el suroeste.
La alianza de empresas adjudicatarias de la obra, formada por OHL e Isolux, ultiman el proyecto constructivo, que estará "redactado, supervisado y aprobado durante el verano para que las obras puedan comenzar a continuación", comentan los portavoces de Acuanorte.
Novedad tecnológica
El diseño final incluirá un cambio en el proceso de tratamiento de fangos. Se añade la hidrólisis como tratamiento alternativo al secado térmico, que también se mantiene en el proyecto. El presupuesto con el que se contrató la obra es de 137 millones de euros. La actuación está financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Xunta y el Concello. Esta última administración aporta los terrenos de la actual planta y se hace cargo del pago de las expropiaciones. Tras el acuerdo del gobierno local para prorrogar el contrato del abastecimiento de agua a Aqualia durante cinco años más será la concesionaria de este servicio la que aporte los fondos para indemnizar a los afectados, en torno a cinco millones de euros.
Paralelamente está en fase de redacción el anteproyecto del emisario submarino para enviar a la ría el agua tratada en las instalaciones. "Una vez supervisado procederemos a licitar el contrato para elaborar el proyecto constructivo y las obras", añaden desde el ente estatal.
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