La Lei de Montes inició ayer su trámite parlamentario entre críticas de la oposición, que pidió sin éxito la devolución del proyecto. Los nacionalistas la consideraron una norma “neoliberal”, que reduce la intervención de la Administración en el sector forestal y se centra “excesivamente en el aprovechamiento de la madera”. Los socialistas fueron más lejos, al tacharla de “incendiaria”, por los cambios que introduce en la legislación contra los incendios que aprobó el anterior Gobierno bipartito.
La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, que recibió las competencias recientemente del ahora delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, destacó que es un texto “debatido y con espíritu de apertura” que pretende dinamizar el monte gallego. Entre sus objetivos, citó el fomento de los aprovechamientos de los recursos del monte mediante herramientas como las Sofor —sociedades de fomento forestal—, la lucha contra el abandono, el impulso de la reinversión de los beneficios y la “corrección” del minifundismo.
La modificación que la nueva ley hace de la prevención de incendios provocó las principales críticas de la oposición. Quintana defendió que “se mantiene el espíritu”, pero se “mejora su aplicabilidad”. En concreto, se refirió a la reducción de las franjas de protección como una “racionalización”. Si la ley del bipartito establecía una franja de 100 metros en torno a las edificaciones en la que la vegetación debe estar controlada y otra de 50 de exclusión de especies como pinos y acacias, Medio Rural reduce ambos perímetros a 50 y 30 metros, respectivamente.
La diputada del BNG Tereixa Paz acusó a la conselleira de “fulminar no solo la ley, sino la política de prevención de incendios”, y aseguró que si las franjas de protección no se han aplicado solo ha sido por “falta de voluntad” de la Xunta. Sonia Verdes, del PSdeG, fue más lejos, al calificar la ley de “incendiaria” y considerar que servirá “para quemar Galicia”, pues “acerca el fuego a las casas”. Es una ley que “prende la mecha para que ardan los montes y para acabar con las esperanzas de quienes creen en el futuro del rural”, acusó.
Tereixa Paz, mientras, insistió en que la ley “expresa la renuncia a la intervención pública para el cumplimiento de los objetivos” de desarrollo rural y ordenación del monte. “Deja en mano de los mercados y de la iniciativa privada la resolución de los principales problemas”, opinó la diputada del BNG, que reprobó el “modelo colonial” que sirve a la llegada de “grandes empresas energéticas”.
Antes de que los votos del PP permitieran descartar las enmiendas de devolución presentadas por socialistas y nacionalistas, la responsable de Medio Rural hizo hincapié en la “trayectoria de debate y consenso” seguido por el texto legal, fruto de “más de treinta reuniones” de los responsables de la consellería “con veinte organizaciones” presentes en el Consello Forestal de Galicia. Quintana indicó que durante su exposición pública, la norma recibió 345 aportaciones de 37 colectivos y personas que modificaron “más del 75% de los artículos del anteproyecto”. También reivindicó la conselleira la integración del 46% de las recomendaciones realizadas por el Consello Económico e Social (CES).
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