La gestión del Parque Nacional Illas Atlánticas sufrirá un severo replanteamiento con el objetivo de lograr "una mayor eficiencia" sobre todo en el rendimiento de su escaso personal: 36 empleados fijos, incluidos administrativos, repartidos en turnos para cuidar cuatro archipiélagos que suman 1.194 hectáreas terrestres y 7.285 marítimas. Forzada por los recortes presupuestarios, la Consellería de Medio Ambiente –comparte con la de Pesca y Medio Rural las competencias en el territorio insular– confirma las primeras consecuencias de ese tijeretazo adelantadas ayer por FARO en algunos servicios de la islas, agravadas precisamente por la ajustada plantilla. La primera de ellas afecta al camping de Ons. La Xunta aboga por no abrirlo este verano y destinar así todo su personal a las labores de protección y vigilancia del archipiélago. Estas funciones serán también las prioritarias para el personal adscrito a Cíes en detrimento de las relacionadas con los planes de conservación de especies vegetales y de erradicación de las invasoras, que sufrirán una "ralentización".
El departamento autonómico que dirige Agustín Fernández comparte en todos sus términos la postura expresada en este periódico por el presidente del Patronato del Illas Atlánticas de Galicia, Fernando Garrido Valenzuela, quien propone el cierre de la zona de acampada de Ons el próximo verano ante la imposibilidad de resolverse a tiempo su adjudicación a una empresa. "Si hay poco personal o ajustado se debe dedicar al cuidado de la isla", razonan fuentes de la Consellería de Medio Ambiente. Y aunque aseguran que "la construcción de las nuevas instalaciones y la explotación saldrán a concurso en breve", asumen que su tramitación administrativa no concluirá al menos antes de cinco meses, por lo que abogan por mantenerlo cerrado la próxima temporada alta. De todos modos, precisan, "no hay una decisión tomada".
Con la privatización del recinto campista – lo que implicará pagar por pernoctar e instalar la tienda, al igual que en Cíes– "su mantenimiento no supondrá ningún coste para la Administración que gestiona el Parque Nacional", y el personal hasta ahora dedicado a estas tareas, añaden las mismas fuentes, "estarán en lo que deben, que es la vigilancia y el mantenimiento de los valores naturales".
La polémica está servida. La Asociación Acampa en Ons advirtió ayer que el cierre del camping, el único en este archipiélago, "sería una medida injustificada" y que entregar su gestión a una empresa "responde solo a un afán recaudatorio de la Administración". Y frente a las afirmaciones del presidente del Patronato advirtiendo que el recinto no reúne las mínimas condiciones exigidas por ley, el presidente del colectivo, Pedro Pagán, responde que "al contrario, es la única forma legal de alojarse en la isla puesto que las habitaciones que alquilan los isleños sí son ilegales, como demuestran las supuestas facturas que emiten".
Si el personal actual resulta escaso para el mantenimiento que requiere la isla de Ons, mucho más lo es para Cíes, la joya del Parque Nacional, con 140.245 visitantes entre julio y agosto del año pasado. Para apoyar a la plantilla destinada a estos dos archipiélagos –y en menor medida, a los de Sálvora y Cortegada–, la Xunta contrata cada verano a trabajadores procedentes de las empresas semipúblicas Tragsa y Seaga. Sin embargo, desde Medio Ambiente reconocen que el número de estos operarios contratados ha descendido en los últimos dos años, en concreto, a la mitad, como ocurre con el retén contraincendios.
El departamento autonómico también contratará personal externo el próximo verano aunque avisa que "se ajustará a las necesidades reales en los momentos de mayor afluencia turística y de mayor riesgo de incendios". No oculta que se trata de una medida provocada, al igual que las anteriores, por el recorte presupuestario, si bien aseguran que "servirán para garantizar el funcionamiento y la protección del Parque".
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