El Parlamento Europeo estudia el envío de una expedición de eurodiputados a Galicia para comprobar de primera mano los efectos de la contaminación de las rías, pero la decisión tendrá que esperar. Una reunión a puerta cerrada de los coordinadores de la comisión parlamentaria de Peticiones, el órgano que recibe las quejas de los ciudadanos europeos, decidió aplazar por segunda vez el envío de la expedición, que debería celebrarse este año.
La contaminación de las rías gallegas, en especial la de O Burgo, pero también las de Vigo y Ferrol, ha sido el motivo de varias quejas ante la comisión parlamentaria, que tiene ya aprobado el envío de una expedición a España. Sin embargo, los grupos políticos de la Eurocámara no se ponen de acuerdo sobre su destino. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, pide el envío a Galicia de la misión, a la que seguiría la redacción de un informe parlamentario que sería debatido en la Cámara. La visita serviría como «acicate» para sacar de la «inactividade» al Gobierno central y autonómico, que en los últimos años no han querido abordar el «saneamento integral» de las rías pese a «dispor de axudas comunitarias para a instalación de depuradoras, e ser este un aspecto decisivo para evitar a polución das augas do litoral galego», según un comunicado distribuido por la oficina de la parlamentaria nacionalista.
El BNG critica este segundo aplazamiento de la decisión en menos de un mes y culpa directamente al Partido Popular, representado en la reunión que tuvo lugar ayer por el diputado vasco Carlos Iturgaiz. Fuentes del equipo del parlamentario aseguraron a La Voz que «no se ha entrado a valorar el fondo de la petición, sino que es una cuestión del funcionamiento de la institución». El PP defiende que la misión visite «el Levante para evaluar la aplicación de la Ley de Costas», uno de los asuntos que más quejas ha hecho llegar a la Eurocámara. «El presupuesto es limitado y si por cada queja que se produjese se aprobase una visita, estaríamos viajando todo el año», argumentan en las filas conservadoras. Para el BNG, el Gobierno central y la Xunta «parecen optar por asumir o pago das posibles multas» por el incumplimiento de las reglas europeas de calidad del agua «en lugar de ter afrontar o saneamento integral das rías galegas ao longo dos últimos anos, cando a situación económica era ben diferente», en palabras de Miranda.
Una nueva reunión decidirá el mes que viene el destino de la delegación. El BNG, integrado en el grupo europeo de los Verdes-Alianza Libre Europea, cuenta con el respaldo de la Izquierda Unitaria, pero el Partido Popular Europeo es la primera fuerza de la Eurocámara. La posición de los socialistas, hasta ahora sin decantarse en este asunto, podría ser definitiva para inclinar la balanza entre Galicia y el Levante.
En los últimos seis meses, la ría de O Burgo, en A Coruña, ha sufrido dos grandes vertidos de combustible que obligaron a suspender las actividades de pesca y marisqueo. El más grave fue en septiembre, cuando se vertieron a la ría 33.000 litros de queroseno. Pero no fue el último, sino simplemente uno de los más graves en una larga lista. Un mes después, otro vertido, esta vez de 5.000 litros de gasoil, obligó a cerrar la ría a las actividades habituales por una fuga en una estación de servicio. La Confraría da Coruña ha denunciado la situación en múltiples ocasiones y motivó la visita a la Eurocámara de varios representantes para trasladar a las autoridades europeas la situación. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se reunió recientemente con los afectados, que temen perder ayudas europeas por el mal estado de la ría. La situación de la ría preocupa a las autoridades medioambientales de la UE.
El expediente abierto contra España por la depuración de aguas urbanas sigue teniendo tres puntos negros en Galicia. De las once localidades gallegas contra las que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción por no cumplir la normativa de 1991, tres de ellas siguen sin la infraestructura necesaria: Santiago y Vigo, de titularidad estatal y colaboración de la Xunta, y la de Ribeira, competencia exclusiva del Ejecutivo gallego.
España se enfrenta a una multa millonaria por no depurar las aguas de 38 ciudades y ese fue el principal motivo de la reunión que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebró con el comisario encargado del tema, Janez Potocnik, a principios de mes. Entonces, Cañete prometió un «esfuerzo en los presupuestos para terminar las obras pendientes y llegar a un cumplimiento del 100 %». Fuentes del equipo del comisario confirmaron que Potocnik «tomó nota del calendario presentado».
Según la Xunta, se va a tramitar «con celeridade a nova estación depuradora de Santiago» y el «cambio de ubicación da futura depuradora deberá avaliarse no marco dun novo estudo de impacto ambiental» aún por redactar. En el caso de Vigo, el contrato ya está adjudicado, mientras que en Ribeira se licitará «a lo largo del 2012». Si el Gobierno no convence a Bruselas de que las obras en Galicia y el resto de España avanzan hacia su término, la Comisión recomendará al tribunal de la UE que imponga una sanción multimillonaria.
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