Quienes hayan creído que el amplio dispositivo desplegado para controlar los desembarcos de xarda era simplemente puntual, solo para evitar sobrepasar la cuota de esa especie concedida a España y volver a exponerse a una sanción como la que ha hipotecado la pesquería hasta el 2015, se equivocaban. Y de largo. Los inspectores podrían convertirse en una figura tan habitual en los puertos como los ruleros, los exportadores o los propios pescadores.
Eso es porque España se ha marcado como meta «recuperar la credibilidad perdida ante las instituciones europeas y nuestros socios, los demás Estados miembros, asegurando el cumplimiento riguroso de las normas comunitarias que nos vinculan del mismo modo que a ellos». Lo dijo ayer el ministro Miguel Arias Cañete, en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Senado, pocas horas después de haber puesto de acuerdo a las comunidades autónomas para formar un grupo de trabajo sobre control que tendrá como misión asegurar la coordinación de las actuaciones en materia de inspección pesquera, armonizar los criterios de aplicación de las normas y la reacción conjunta a los problemas que puedan surgir.
Cumple así la promesa hecha a la directora general de la DG Mare, Lowri Evans, en fechas recientes, un encuentro en el que Arias Cañete trasladó a la Comisión la puesta en marcha de un plan de acción conjunto para la mejora del sistema de control, gracias al cual España obtendrá «fondos adicionales de la UE».
Sin discriminación
El ministro de Agricultura aseguró que las labores de control e inspección serán «homogéneas». Esto es, que no habrá discriminación «por razón de arte, puerto base o zona de faena, con afán de transparencia para el sector», dijo Cañete ante los senadores.
Ahora bien, el responsable de los asuntos pesqueros admitió que cumplir a rajatabla el reglamento de control aprobado por la Comisión es difícil por «el peso administrativo» que conlleva, por lo que avanzó que España solicitará la aplicación de todas las excepciones y adaptaciones que la normativa recoja, un trabajo que ya han hecho socios como Francia. La obligación de comunicar la entrada en puerto con cuatro horas de antelación era una de las disposiciones más rebatidas, puesto que hay flota que trabaja a menos de una hora de tierra y se veía obligada a retrasar su regreso para cumplir la normativa europea.
Excepciones
La intervención de Cañete deja la puerta abierta a que se introduzca una excepción a los preavisos para la flota costera artesanal, pero eso no significa que se vaya a relajar el control; al contrario: «Nunca excusaremos los incumplimientos de las obligaciones de cada buque, de cada patrón, porque tampoco España como país puede quedar exenta de ellas».
El que tiene encomendado coordinar el control no fue el único grupo de trabajo que salió ayer de la reunión de las comunidades autónomas. Estas también trabajarán en la ordenación de los caladeros nacionales, entre ellos el Cantábrico Noroeste.
Primero recopilarán todos los datos científicos que tienen por recursos y pesquerías, para después realizar un diagnóstico sobre la flota, analizando su dimensión, el empleo que crea, y el esfuerzo en días de pesca. Con todos esos datos se valorarán las medidas de gestión en vigor, como los repartos de cuota por arte y buque, y se propondrán las «mejoras necesarias».
En el Senado, Cañete reiteró la apuesta española para la reforma de la política común de pesca, que se concreta en avanzar hacia el rendimiento máximo sostenible (RMS), pero no con el 2015 como objetivo; rechazar la supresión total de los descartes sin otras medidas como la redistribución de cuotas; establecer un régimen diferenciado para la pesca artesanal y apoyar la firma de acuerdos de pesca con terceros países.
En este último campo, el ministro aseguró que el Gobierno está realizando todas las gestiones diplomáticas para conseguir su renovación. Destacó además el haber arrancado un nuevo mandato negociador al Consejo de Ministros de la UE y apuntó que se fijarán interpretaciones comunes de los acuerdos de acceso recíproco y los acuerdos fronterizos, como el del Miño y el Guadiana, para evitar incidentes inesperados.
En cuanto a la transformación, el ministro de Agricultura expuso que han recogido las peticiones del sector sobre las necesidades de abastecimiento de materia prima y señaló que desde su departamento realizarán gestiones ante la Comisión Europea para que la revisión del acuerdo de paternariado con Papúa-Nueva Guinea «conlleve el restablecimiento de las reglas de origen para evitar que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada encuentre allí su paraíso».
Facilitar la regularización de la flota y la creación del pendiente segundo registro para la flota atunera y palangrera de gran altura son otros de los asuntos de la agenda.
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