Tal y como adelantó ayer La Voz, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está estudiando la eliminación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Lo confirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro. Según dijo, se trata de «valoracións postas sobre a mesa, de circunstancias e momentos referidos a algunha posibilidade futura, dun inmediato futuro». Pese a todo, el representante del Ejecutivo de Rajoy en la provincia señaló que «non hai tomada ningunha decisión» y que, por lo tanto, «aínda hai que agardar algún tempo máis».
Diferentes autoridades se mostraron ayer contrarias a la supresión de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, como el presidente de la Diputación, el popular José Manuel Baltar, o el socialista Francisco Rodríguez, alcalde de Ourense, ciudad donde se encuentra la sede de la entidad. «É un erro que os nosos ríos se xestionen desde Oviedo», lamenta también la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, que presentó ayer en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno aclare sus planes en relación al organismo.
De confirmarse la eliminación de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, esta demarcación se fusionaría con la del Cantábrico, volviendo de este modo a la estructura territorial previa al año 2008, cuando ambas formaban parte de la Confederación Hidrográfica del Norte, con sede en Oviedo. Precisamente, la sede de la del Miño-Sil en Ourense se había convertido en un problema económico para el Gobierno porque había previsto construir un nuevo edificio que costaría 4,5 millones de euros. De hecho, el Concello de Ourense había adquirido ya los terrenos donde iba a situarse el inmueble, para cuyo diseño se convocó un concurso de ideas que está actualmente paralizado.
La fusión de las confederaciones del Miño-Sil y del Cantábrico serviría, además, para reducir gastos corrientes. Según la última memoria anual hecha pública por la Delegación del Gobierno en Galicia, el organismo con sede en Ourense gastaba en ese apartado 1,7 millones de euros. A esa suma habría que añadirle los tres millones que suponen los sueldos del personal que trabaja para la entidad. Concretamente son 114 sus empleados, que están repartidos por toda Galicia. Ellos gestionan las competencias del organismo, que van desde las autorizaciones de obras en el dominio público hidráulico hasta el control de diversos aprovechamientos de agua pasando por la realización de obras de mejora o restauración ambiental en los cauces y riberas.
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