El alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, se expone a tener que pagar de su propio bolsillo multas coercitivas por valor de 150.500 euros si no ordena la demolición de la empresa Hormigones Valle Miñor, situada en A Xunqueira. El juzgado de los contencioso número 2 de Vigo le comunicó el pasado día 20 de que tiene un plazo de 15 días para informar sobre las actuaciones practicadas para el cese de la actividad de esta fábrica y el órgano encargado de su cumplimiento.
De lo contrario, tendrá que rendir cuentas con su propio patrimonio. El caso no es nuevo. En A Guarda, el alcalde José Manuel Domínguez Freitas tiene embargada parte de su nómina por negarse a demoler una serie de viviendas en cumplimiento de una sentencia judicial. Pero el alcalde nigranés se expone a cantidades mucho más elevadas. El motivo de este requerimiento es que existe una sentencia del mes de junio del año pasado que ordena el cese de la actividad por llevarse a cabo en un espacio protegido donde no están permitidos los usos industriales.
Empresa proveedora
El Ayuntamiento debería de haber velado por el cumplimiento de este fallo y, no solo no lo ha hecho, sino que además ha contratado los servicios de la fábrica. Camiones de Hormigones Valle Miñor han suministrado materiales esta misma semana con motivo de los últimas actuaciones que se están realizando por la ampliación de la Casa Consistorial.
Los representantes legales de la empresa presentaron el pasado mes de diciembre un recurso ante el juzgado solicitando el archivo del procedimiento judicial de ejecución forzosa. Las autoridades judiciales lo han desestimado por considerar que no estaba debidamente justificado y obligan al Concello de Nigrán a que adopte las medidas necesarias no solo para garantizar el cese de la actividad, sino también la demolición de las instalaciones. La parte de la acusación se ha interesado por la continuación de la ejecución de la sentencia y el juzgado le da la razón.
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