El Ministerio de Agricultura «tiene una postura receptiva» para analizar el problema de los núcleos de litoral, esos cientos de núcleos marineros que salpican la costa gallega desde las Rías Baixas hasta A Mariña lucense y que la Ley de Costas de 1988 dejó en una especie de limbo legal. Así lo admite la Xunta, que parece haber encontrado al fin al interlocutor que esperaba para intentar poner fin a una de las mayores deficiencias atribuidas a esta controvertida ley, que si bien pretende preservar de la especulación los más de cuatro mil kilómetros de litoral español, no contempla un fenómeno netamente gallego, como son los asentamientos rurales.
Reconocidos en la legislación urbanística autonómica como suelos de núcleo rural (SNR), Costas les colocó un yugo hace casi un cuarto de siglo, al poner en entredicho el usufructo de la propiedad privada e imponer severas restricciones a cualquier reforma en las casas que conforman dichos núcleos, y que hasta el momento se han traducido en una lluvia de multas sobre cientos de vecinos gallegos -algunas paralizadas-, y expedientes de demolición, como el emblemático caso de la vivienda del exmarido de la exconselleira de Pesca Carmen Gallego.
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas no se lo ha pensado dos veces. Así, tras el anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de acometer «una profunda» reforma de la Ley de Costas, Xunta y Gobierno se han puesto ya manos a la obra para que dicha modificación recoja y reconozca la realidad de los núcleos de litoral de Galicia. «La Xunta ya ha contactado con el ministerio, que nos ha trasladado una postura receptiva para analizar la cuestión, así como para escuchar a las comunidades autónomas», explican desde la consellería de Agustín Hernández. De hecho, fue el propio conselleiro quien trasladó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, esta vieja reivindicación de Galicia. «El primer contacto con el ministerio ha sido positivo», afirman.
Aun así, y para deshacer el nudo gordiano que se ha ido tejiendo a lo largo de estos 24 años en torno a los núcleos de litoral, la Xunta no renuncia a la vía parlamentaria que abrió en septiembre del 2010, para buscar una solución precedida de consecutivos y sonados fracasos. El último, a través de Lei de Vivenda, cuando los tres grupos parlamentarios, PP, PSOE y BNG, llegaron a un acuerdo histórico en el 2008 para tratar de legalizar a través de esta norma los núcleos ya existentes hacía 20 años. Pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero la frenó con un recurso de inconstitucionalidad que invalidó la pretensión de equiparar a suelo urbano los núcleos costeros tradicionales no catalogados en los planeamientos municipales, lo que equivaldría a esquivar los deslindes en dichas zonas.
Proposición de Ley
«Son dos vías que llevan a la misma solución y no son incompatibles», asegura la Xunta, que ahora se confiesa «moderadamente optimista». El departamento de Hernández asegura que «esta es la manera de solucionarlo y vamos a trabajar activamente por ello, igual que ya hicimos con el Gobierno anterior, aunque con un resultado infructuoso», se lamenta.
La Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, del 28 de julio, promovida por el Parlamento gallego, será una de las primeras iniciativas que se debatirán en el Congreso. Se trata de una de las ocho propuestas autonómicas que quedaron pendientes en la anterior legislatura y que ahora han sido repescadas por la Mesa de la Cámara. También está pendiente de debate otra iniciativa similar promovida por el BNG que, al igual que la anterior, se prevé que sea analizada antes del próximo mes de marzo.
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