La inseguridad jurídica que ofrecen las licencias otorgadas por el anterior gobierno municipal de Gondomar, presidido por el exalcalde Martín Urgal y con Alfonso De Lis como concejal de Urbanismo, se hace realidad. La Corporación aprobará en el pleno previsto este jueves a las ocho de la tarde la revocación de uno de los 57 permisos urbanísticos otorgados por el citado regidor en el primer semestre del año pasado, cuya expedición al margen de la secretaria municipal ha supuesto la imputación del delito de prevaricación administrativa tanto para Urgal como para De Lis por parte de la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Vigo. La magistrada considera que ambos cometieron la mencionada infracción por vetar a la encargada de velar por la legalidad de las gestiones municipales y por conceder licencias sin su autorización. Por este motivo ambos acudieron a declarar a los juzgados el pasado 28 de diciembre.
La licencia, una de las primeras otorgadas al margen de la secretaria, a la que el anterior alcalde prohibió informar sobre asuntos urbanísticos junto con la técnica de Administración general del departamento de Urbanismo, cuenta con el informe favorable del abogado privado José Martínez Torea, contratado por Urgal en aquella etapa para suplir las funciones de las funcionarias vetadas.
El permiso, de obra, corresponde a una tapería ubicada en la calle Otero Pedrayo. El negocio fue traspasado poco después de terminar los trabajos y sus actuales titulares solicitaron la licencia de apertura al Ayuntamiento recientemente. Al hacerlo a finales del pasado año, cuando el actual alcalde, Fernando Guitián, ya había restituido a la secretaria y a la técnica sus funciones, esta emitió un nuevo informe en el que observaba la necesidad de anular la licencia porque había sido tramitada de forma irregular. Y es que la funcionaria considera que el Concello no puede otorgar licencias, dado que el Plan Xeral de 1997 se encuentra anulado.
Los grupos municipales abordarán también la anulación de otras dos licencias, aunque por razones de diferente índole. Una de ellas corresponde a la rehabilitación de una vivienda antigua y se tramitó sin el preceptivo permiso de patrimonio y la otra, a la ejecución de una sentencia judicial que anula un permiso de construcción de un galpón con barbacoa.
 |
 |
 |