La constructora Indeza, que preside Ángel Fernández Presas, ex presidente de los constructores pontevedreses, no ha tenido más remedio que tirar la toalla ante las dificultades por la situación de paralísis que atraviesa el proyecto de la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan). Indeza había ganado el concurso de urbanización del polígono en con la UTE en la que tenía como socio a Corsan-Corviam.
La Consellería de Vivenda y Solo había adjudicado a esta UTE la urbanización del parque empresarial el 24 de julio de 2008, por un importe de algo más de 14 millones de euros. Sin embargo, las demandas vecinales y la actuación de la justicia sobre la titularidad de los terrenos y las valoraciones de las expropiaciones fueron dilatando el proceso.
En este tiempo, Indeza sufrió las consecuencias de la crisis del sector de la construcción y tuvo que presentar concurso de acreedores. Los más de 7 millones en avales eran una carga pesada para sus finanzas ante la paralización de las obras.
Esta circunstancia obligó a Indeza a ceder sus derechos sobre la urbanización de la Plisan a su socio de la UTE, Corsan-Corviam, y desentenderse del proyecto.
La Plisan, que se iba a convertir en el mayor parque empresarial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, con más de 4 millones de metros cuadrados y que contaba con la participación de la Autoridad Portuaria de Vigo, Zona Franca y Xunta de Galicia, se encuentra en total abandono por las demandas presentadas por los afectada por las expropiaciones y por la falta de interés de suelo industrial por parte de las empresas debido a la crisis.
El delegado de Xestur en Pontevedra, Javier Domínguez, reconoce las dificultades de la situación pero señala que el proyecto sigue en marcha. "Estamos trabajando en ámbitos jurídicos y de limpieza, no podemos hacer más por el momento", afirma.
El proyecto, que data de 2004, es ahora un erial en el que destacan algunas lagunas formadas por las lluvias en los socavones que realizaron excavadoras.
La Asociación de Afectados por la Plisan que preside Alejandro Rodríguez, defiende que la Xunta tendrá que pagar a los ex propietarios más de 20 millones de euros por los terrenos mal valorados, los bienes que las excavaciones se han llevado por delante y los derechos mineros de los graveros y areneros que trabajaban en la zona, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Esta sentencia obliga a una modificación puntual de exclusión de 70 hectáreas "de especial protección forestal", lo que supone que el polígono vería reducida sus dimensiones programada originariamente y al pago de algo más de 7,7 millones.
Las tres entidades propietarias de los terrenos –Autoridad portuaria de Vigo, Zona Franca y Xestur decidieron recurrir las indemnizaciones lo que retrasó todavía más el proyecto.
La Autoridad Portuaria debería hacer frente al 60,5% del total, 4,6 millones de euros; la Zona Franca tendría que asumir el 21,%, 1,6 millones; mientras que el Instituto Galego de Vivenda y Solo (del que depende Xestur) tendría que hacerse cargo de 1,4 millones, el 18,2%.
A pesar de las dificultades, y de un proyecto que ya tendría que estar terminado –lleva ocho años de gestación– el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, manifestó el pasado mes de octubre que el proyecto "es esencial" para el futuro de la ciudad de Vigo y su entorno, aunque matizó que el polígono "deberá terminarse cuando la situación económica vuelva a ser de crecimiento".
Las infraestructuras que se encuentran en marxha en estos momentos es la autopista que conectará la Plisan con la de las Rías Baixas (A-52).
También reconoció que la plataforma logística debería estar en marcha cuando "existiese una demanda por parte de las empresas", con lo que dejó de entrever que ahora apenas existe ese interés por ese suelo.
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