La Comisión Europea ha advertido a España que emprenderá «todas las medidas necesarias» para hacer que Galicia cumpla con su obligación de declarar como zonas de especial protección (ZEC) un total de 56 espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 de la comunidad, y que tenían que haber sido designados como tales, y dotados de las correspondientes medidas legales para garantizar su conservación, antes del final del año pasado.
En respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, el comisario de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, alerta del «retraso registrado en Galicia en lo que respecta a la designación de lugares de la Red Natura 2000», y con él, del incumplimiento de los plazos para «la adopción de medidas de conservación» de esas zonas.
La Xunta, que alega que el Gobierno no le ha notificado todavía ninguna queja de Bruselas, sostiene que ya tiene ultimado su catálogo, pero que los plazos dependerán de Madrid. «Nosotros tenemos el proceso casi cerrado», aseguró ayer el director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón.
Nueve países
En el año 2004, la Comisión constató que varios países de la franja atlántica de la UE (Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Portugal y España), no habían designado un número suficiente de espacios naturales que por sus características merecían la protección específica que otorga la Red Natura. «No puede afirmarse que la red sea completa respecto a los tipos de hábitats y especies» afectadas, alegó la Comisión en el decreto que designó las áreas de cada país que debían ser declaradas como ZEC. Entre ellas, las 56 de Galicia, que incluyen zonas tan emblemáticas como las islas Cíes, las fragas del Eume, el alto Sil, la Costa da Morte, la playa de As Catedrais y Os Ancares.
El título de zona de especial protección no es una mera declaración oficial vacía de contenido, pues, como recuerda Sánchez Presedo, «conlleva la identificación de prioridades para el mantenimiento o el restablecimiento de un estado de conservación favorable a los hábitats y especies que motivaron la designación del lugar».
Seis años
La Comisión Europea dio seis años de plazo a los Estados afectados para que decretaran la declaración de ZEC de esos espacios, una obligación que en Galicia se ha incumplido. Potocnik asegura que ya ha «notificado el retraso» al Gobierno español, y que «ha entablado un proceso de diálogo y consultas a fin de conseguir toda la información necesaria antes de adoptar otras medidas legales». Entre ellas figura la apertura de un expediente de infracción, que podría concluir con una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva de la Red Natura obliga a los países a proteger contra fenómenos como el urbanismo desmedido, la industrialización o la deforestación aquellas zonas que por su valor ecológico deben gozar de garantías específicas de conservación. Pero cuando recibió las primeras propuestas de espacios a proteger, la Comisión Europea constató que, en el caso de Galicia, quedaban fuera numerosas áreas. Por eso, y , al margen de las 58 sí incluidas y que aún no han sido declaradas ZEC, pidió a España que subsanara también esa insuficiencia y ampliara la Red Natura en Galicia. Pero «la Comisión no ha recibido aún ninguna propuesta de designación de nuevos lugares o de ampliación de lugares ya existentes en Galicia», asegura el comisario de Medio Ambiente.
«La Comisión considera que los proyectos de acuicultura intensiva pueden tener repercusiones en parajes protegidos y que deben evaluarse caso por caso». Esa es la primera reacción del comisario de Medio Ambiente de la UE al plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, que prevé permitir la instalación de piscifactorías y plantas acuícolas en zonas protegidas dada la consideración prioritaria de esas actividades industriales como de interés público.
Así lo asegura Potocnik en otra respuesta conjunta a varias preguntas de eurodiputados de distintos grupos (el propio Sánchez Presedo y los catalanes Raúl Romeva y Oriol Junqueras, de Los Verdes), en la que advierte de que nadie le ha informado de tal plan. «La Comisión no está al corriente de la última declaración de la Xunta en el sentido de que el sector acuícola reviste interés público de primer orden, ni ha sido consultada al respecto. La Comisión no conoce el contenido del plan director Natura 2000 de Galicia, por lo que no puede hacer comentarios sobre este extremo», añade.
Potocnik, en cambio, sí recuerda los preceptos de la legislación comunitaria que limitan las posibilidades de permitir planes industriales en espacios de Red Natura. Entre ellos, el que establece que las autoridades competentes de un Estado miembro, sean nacionales o autonómicas, «solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública».
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