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GALICIA

12/08/2011 | Cristina Huete | OURENSE
   

El PSdeG apela a que el Parlamento pidió no autorizar más centrales


El acuerdo unánime de la Cámara se fraguó el pasado mes de febrero

Los socialistas gallegos no admitirán una nueva concesión hidroeléctrica en ningún río. El PSOE rechaza el aval del Gobierno -expresado a través del presidente de la Confederación Hiidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, militante del PSdeG- al proyecto de Iberdrola de perforar el Cañón del Sil para ampliar su producción energética en Santo Estevo. La secretaria de Medio Ambiente de los socialistas, Carmen Gallego, se mostró ayer contundente respecto a la postura de su partido. "Nos mantenemos firmes en la propuesta parlamentaria, aprobada por unanimidad de los grupos, en la que defendemos que no se realice una sola concesión hidroeléctrica más en nuestros ríos, destacó.

El pasado febrero, el PSdeG logró -mediante una moción defendida por la propia Gallego- que la Xunta evitara la construcción de 33 nuevas plantas autorizadas a la carrera por el último gobierno de Manuel Fraga en un consello en 2005 cuando el bipartito había ganado ya las elecciones. El PP aceptó, aunque con la condición de indemnizar a las empresas con otros proyectos no hidroeléctricos, y la Cámara autonómica reconoció "la sobreexplotación de los ríos". Se pretendía que Galicia equiparase así su política medioambiental a la del resto de España, regida por la normativa comunitaria que recoge el Decreto del Agua.

El compromiso del Parlamento gallego fue idéntico al que un mes antes había asumido ante el Senado la ministra de Medio Ambiente. En opinión de los tres grupos, la aprobación del texto suponía "un paso importante en la preservación del medio ambiente y de la normativa comunitaria". Carmen Gallego recuerda ahora ese acuerdo. "Mantenemos la misma posición", explica la responsable de medio ambiente del PSdeG. La postura de este partido coincide con el informe negativo a este mismo proyecto de la hidroeléctrica que el bipartito presentó al ministerio en 2007, desaconsejando su aprobación y contrasta con la del presidente del organismo de cuenca.

En términos similares se expresa el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza. El nacionalista tiene "absoluta fe" no solo en la palabra de la ministra Aguilar, sino en su "compromiso" con el medio ambiente. Bouza se muestra "convencido" de que Aguilar "no va a permitir la construcción de la balsa de Santa Cristina" en cumplimiento de su compromiso en el Senado a instancias de una interpelación suya. Pero el nacionalista sí duda "del próximo ministro que pueda venir" por lo que instará a Aguilar a que plasme en un texto legal -"lo ideal sería en el documento del Plan Hidrológico, sostiene- la prohibición de nuevas concesiones hidroeléctricas en la cuenca Miño-Sil.

Bouza sostiene que la obra sería "un atentado y pondría en peligro un ecosistema único en Galicia". Pero no solo una vez realizada, sin durante su ejecución. "¿Qué paisaje, y máxime la Ribeira Sacra, soportaría explosivos continuos y tráfico constante de camiones pesados durante cinco años?" se pregunta.

El senador del BNG arremete sin embargo contra las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica. "Parece que le interesa más el negocio de Iberdrola que la conservación de la naturaleza", señala. Y apunta un dato "irrefutable". Sostiene -y así lo hará constar el BNG en las alegaciones que presentará al proyecto de Iberdrola- que España tiene capacidad para producir en un día el doble de lo que consumió el día de mayor gasto energético de su historia".

Liñares precisó el miércoles a este periódico que el Gobierno no había rechazado la propuesta de Iberdrola, sino que había "aplazado su decisión". Destacó que el proyecto había sido modificado, salvando el "principal" escollo, de forma que la balsa que se situará en la cima de la montaña perforada quedará fuera de la zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC). El presidente de la Confederación Hidrográfica desveló, además que existe "un informe de un catedrático de la Universidad de Santiago" que descarta el daño a la masa forestal autóctona.

"Alteración de hábitats"

Contrariamente al informe del catedrático al que alude el presidente de la Confederación Hidrográfica, el elaborado en 2007 por la Dirección Xeral de Protección da Natureza destaca que, como consecuencia de la instalación de la concesión en Santa Cristina "quedarán afectados hábitats protegidos" como los brezales secos europeos y castanea sativa así como vegetación propia de las pendientes rocosas silíceas, entre otras. Los técnicos dejaban claro entonces que su construcción supondría "un gran menoscabo del espacio natural desde el punto de vista paisajístico".

La consellería informaba también al Ministerio de Medio Ambiente de que la obra supondría la creación de "1,5 millones de metros cúbicos de escombros de difícil solución" y destacaba que este proyecto supondría "una gran alteración de los hábitat presentes en la zona". El informe detallaba que al "impacto directo sobre ellos" habría que añadirle el "notable impacto paisajístico que supone un menoscabo importante de los valores que condicionaron la consideración de esta zona como LIC y su posterior declaración como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales". Por todo ello, el Ejecutivo gallego desaconsejó el proyecto.




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