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GALICIA

16/07/2011 | Elisa Lois | VILAGARCÍA
   

La Xunta legalizará unos tanques químicos al pie de la ría de Arousa


El Supremo anuló las autorizaciones otorgadas por el Gobierno de Fraga - Los depósitos propician el tráfico de hidrocarburos junto a bancos de marisco

La Xunta ha decidido legalizar la actividad de las empresas Finsa y Foresa en el puerto de Vilagarcía, cuatro años después de que el Tribunal Supremo confirmara el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el que declaraba nulo el procedimiento administrativo que permitió el almacenaje de hidrocarburos y otras sustancias químicas en los depósitos de Ferrazo.

La legalización consiste en aprobar la declaración de impacto medioambiental de los tanques que presentaron las empresas afectadas, un requisito que no cumplió la Xunta en 1999 y que dio lugar a un largo proceso judicial promovido por la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que representa a más de 40 asociaciones y cofradías del entorno.

En la fase de alegaciones, el expediente administrativo ha tropezado con la férrea oposición de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) que representa a estos colectivos y que han exigido a la Xunta que cumpla con las sentencias judiciales y proceda a desmantelar los polémicos depósitos. Adega y la PDRA han dado ya los primeros pasos para impedir, una vez más, el tráfico de hidrocarburos en la ría o lo que es lo mismo, que la Xunta redacte una declaración ambiental negativa para los depósitos de Ferrazo. Ambos colectivos presentarán el lunes el pliego de alegaciones ante las consellerías de Medio Ambiente y Economía.

"Con más de diez años funcionando ilegalmente sin evaluación ambiental alguna, Finsa y Foresa pretenden cumplir ahora este trámite, pese a las sentencias que ratifican la ilegalidad del proyecto y obligan a su desmantelamiento", recordaron los ecologistas en un comunicado. Insiste Adega en que los permisos concedidos por el Gobierno de Fraga fueron ilegales al no haber tramitado en el expediente administrativo el informe de impacto medioambiental "por lo que la construcción de los depósitos y su actividad se declararon nulas de pleno derecho."

Los ecologistas creen que la Xunta no puede autoproclamarse ahora como órgano medioambiental cuando no lo hizo al principio, por lo que debe de retrotraer el procedimiento administrativo al punto anterior a la construcción de los depósitos y comenzar de nuevo los trámites: "Ahora pretenden sustanciar el trámite ambiental, como si en Ferrazo no pasara nada y en la ría no hubieran navegado decenas de petroleros, algunos con problemas, y coma si la población de Vilagarcía no estuviera sometida a un riesgo continuo para su salud". Adega advierte que si la Xunta aprueba ahora la evaluación ambiental "estará creando un escandaloso agravio comparativo con otras empresas que cumplen con los trámites legales".

La Xunta entiende que el fallo del Supremo solo anula la prestación de servicios a terceros por parte de las empresas concesionarias, una actividad que hoy ya no realizan. Según su interpretación, las compañías afectadas pueden solicitar una reclamación patrimonial ante las pérdidas ocasionadas como consecuencia de que el Estado no hubiese realizado la trasposición de una normativa comunitaria que obligaba a realizar una evaluación de impacto ambiental.

Para el PP, la solución a este proceso pasa por promover una vía de diálogo de todas las partes implicadas, empresas, plataformas cívicas y Ayuntamiento de Vilagarcía, ahora gobernado por los populares, aunque estaba en manos del PSOE cuando el pleno dio el visto bueno a la instalación. Hace un año, el diputado José Manuel Balseiro defendió en el Parlamento que la situación podría pasar tanto por el traslado de los tanques como por su dedicación a otros usos. Tampoco descartó la mediación de la Capitanía Marítima para que determinase qué buques cargados de hidrocarburos pueden navegar por la ría. Así, apostó por dirigirse al Gobierno central y demandarle un plan concertado "con todos los agentes implicados".




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