La asociación de ganaderos de caballos del Monte de a Groba comunica que puede verse en la obligación de suspender la celebración de los tradicionales curros de A Valga, Torroña, Mougás y San Cibrán, ante la imposición de la obligatoriedad de implantar microchips a los caballos salvajes por parte de la Xunta de Galicia. Cada microchip cuesta 40 euros y, aunque la Xunta los subvenciona los tres primeros años, no les compensa en un futuro a medio plazo.
Esta entidad, del mismo modo que otras de la provincia de Pontevedra, intenta conseguir que se exceptúe de esta obligación a los propietarios de caballos salvajes o por lo menos que la implantación de los sistemas de identificación sean gratuitas, del mismo modo que ocurre en el caso de las razas ovina, bovina y caprina. Denuncian un trato desigual y un agravio comparativo.
Las razones que aducen son que la actividad no es lucrativa y que gracias a su trabajo desinteresado se conservan en los montes la raza de caballo gallego, cuya pureza y valiosa carga genética es unánimemente reconocida. Además con su labor defienden la conservación de una tradición ancestral que es de interés turístico y la riqueza biológica y ecológica de la zona.
Destacan que el caballo salvaje realiza una labor muy importante de limpieza del monte al consumir enormes cantidades de materia vegetal y que, en consecuencia, su actividad ayuda a de forma decisiva a la prevención de los incendios forestales. También denuncian que la Xunta no cumplió con el compromiso de solucionar este problema de identificación, pese a que fue una promesa del presidente en una visita al curro de Torroña.
Señalan también que todos los caballos de los ganaderos que pertenecen a la asociación están identificados con marcas tradicionales y asegurados, ya que se impone la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y que la misma asociación cuenta con otro seguro del mismo ramo. «Por tanto, o obxectivo de garantir posibles reparacións de danos causados por este animais xa se logrou», manifiestan los representantes del colectivo.
La asociación prepara una denuncia por estos hechos ante los organismos competentes de la Unión Europea por entender que la Xunta está aplicando de forma incorrecta la normativa comunitaria sobre esta materia. Como medidas de presión, programarán concentraciones y manifestaciones en los próximos actos electorales y una marcha a caballo hasta la sede de la Xunta en Vigo.
 |
 |
 |