Las torres de García Barbón se salvarán del derribo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha validado la nueva licencia que le otorgó la Gerencia de Urbanismo a la promotora Ifer en octubre y acepta la solicitud de los servicios jurídicos municipales de declarar "inejecutable" la sentencia que ilegalizó en 1996 los dos edificios. Los jueces avalan la ordenación recogida en el Plan Xeral para ese ámbito, que da encaje a las características de los inmuebles, y rechazan que, como asegura el demandante, todos los pasos seguidos por el Concello hasta desembocar en la licencia "persiguiesen eludir el cumplimiento del fallo" condenatorio. Con la resolución son dos las urbanizaciones que se regularizan al amparo del PXOM y se libran de la piqueta. Los jueces ya habían admitido el mismo procedimiento para los bloques de 180 viviendas en Jacinto Benavente amenazados de derribo.
Las dos torres albergan 178 pisos distribuidos en 17 plantas por encima de los tres niveles inferiores, que ocupa la sede del Círculo de Empresarios de Galicia. La sentencia del 17 de octubre de 1996 anuló el estudio de detalle y la licencia de obra por varios motivos: exceder las alturas permitidas en el Plan Xeral de 1993, que autorizaba 16 alturas; aprobar el citado estudio sin informe del secretario; y concluir el tribunal que era obligatorio, como así lo establecía un convenio urbanístico firmado con anterioridad, aprobar una ordenación simultánea con el ámbito colindante, la antigua factoría de "La Metalúrgica", actualmente aún sin desarrollar.
El nuevo Plan Xeral ampara el número de alturas de las torres y les confiere la consideración de suelo urbano consolidado, con lo que solo es necesario obtener una licencia directa para legalizarla, sin proyectos de compensación ni urbanización previos. El Concello la concedió el 21 de octubre pasado. Para "La Metalúrgica" el PXOM recoge una ordenación pormenorizada que permite hasta 21 plantas, más de las que suman los edificios en litigio. Aunque el Plan Xeral daba ya acomodo a las características de las torres, el planeamiento por sí solo resulta insuficiente para legalizar las torres, según apuntan los jueces. De hecho, el TSXG dictó un auto de ejecución del derribo el 28 de julio pasado, tres meses antes de que Urbanismo legalizase los inmuebles. Anteriormente había dictado otros, el primero en 1999.
Con la licencia, entiende la sala que se han dado todos los pasos necesarios para "dar la debida cobertura a lo que antes se omitió, mediante la regularización armonizada de los dos ámbitos", en referencia a las torres y "La Metalúrgica". Desecha el TSXG los argumentos del demandante, Eduardo Canabal, que presentó muchos de los recursos sobre urbanizaciones de la ciudad que terminaron en sentencias de derribo. "La aprobación del nuevo planeamiento que contempla los dos ámbitos necesitados de un tratamiento armonizado, las clasificaciones debidas que a uno y otro se les ha dado, y el otorgamiento de la licencia de legalización del edificio litigioso, todo ello precedido de los informes y actos aprobatorios oportunos, determina que se acoja la pretensión que formula el letrado municipal de declarar la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia de 17 de octubre de 1996", determinan los tres jueces de la sala de lo Contencioso-Administrativo.
La promotora presentó en la Gerencia de Urbanismo un proyecto de legalización para obtener la nueva licencia que incluía obras de adaptación presupuestadas en 217.000 euros. Urbanismo concluyó que con esas intervenciones se cumplen todos los requisitos que establece el PXOM en materia de patios, condiciones de accesibilidad, normativa antiincendios o plazas de garaje, entre otras cuestiones. Los informes fueron favorables
La concesión de licencia con arreglo al Plan Xeral es el paso indispensable para lograr que el TSXG dictamine la inejecución de sentencias de derribo. El Concello aplicó tres criterios para otorgar permisos y legalizar urbanizaciones amenazadas: adaptación de los edificios al entorno en el que se ubican, adecuación a los usos admitidos, y actuación de “buena fe”, en referencia este último a los fallos condenatorios provocados por errores administrativos en la tramitación.
Hasta ahora Urbanismo ha concedido licencia y solicitado la inejecución para los casos de Jacinto Benavente e Ifer. Otros están en trámite en la Gerencia. Y en algunos el gobierno local sostiene que no se cumplen los requisitos para otorgar los permisos aunque el PXOM ampare las características de la urbanización. Actualmente hay más de un millar de viviendas en situación de riesgo por la posibilidad de demolición. Ésta es la situación de las principales.
“O Piricoto”. El TSXG ordenó el “derribo parcial o total” por impacto paisajístico sobre el entorno. El proyecto de legalización está en la Gerencia, y el PXOM da encaje a la urbanización con sus características actuales, pero el Concello mantiene que sigue sin adaptarse a la legalidad. Ha encargado un proyecto de demolición parcial, que incluye echar abajo las cubiertas y dejar porticados los bajos. Los tres bloques de O Piricoto suman más de un centenar de viviendas.
Finca do Conde. La urbanización, que acoge dos torres de 115 viviendas cada una y el centro comercial Gran Vía, fue declarada ilegal por los tribunales. También el PXOM le da acomodo, pero el Concello asegura que incumple los requisitos para regularizarse. Suspendió la tramitación de licencias y redacta otra ordenación.
Apartoteles de Samil. El TSXG paró in extremis el derribo a finales de enero de los cinco bloques de los números 61 y 63 tras un recurso de los propietarios. El Concello pone como condición principal que las viviendas no sean residencia habitual como ahora, y deben dedicarse a fines turísticos, como establece el PXOM. Sus propietarios y el promotor tramitan la legalización. Hay otro apartotel, en el nº 55, con orden de desalojo. Sus dueños gestionan la licencia.
A Pastora. Los afectados también presentaron proyecto de legalización al amparo del PXOM, que da encaje a las 56 viviendas. Está en trámite.
Rosalía de Castro. Las sentencias que pesan sobre la urbanización afectan a 500 pisos. El Concello ha otorgado licencia a los primeros edificios, ya que se tramita cada solicitud por separado. El PXOM da encaje a sus entreplantas, una de las causas principales de la ilegalización.
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