Rosa Aguilar ha empezado a pintar de verde el ministerio. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino prometió en su toma de posesión reconciliarse con los ecologistas, y en Galicia lo intentará con una de las principales materias pendientes: la culminación del inacabado proyecto de deslindes costeros. El grueso quedó ejecutado durante el mandato de Cristina Narbona. Su sustitución por la gallega Elena Espinosa ralentizó un proceso que generó un aluvión de protestas vecinales. Pero Aguilar se ha puesto manos a la obra para cumplir un mandato establecido en la Ley de Costas de 1988.
En Galicia no es mucha la costa que queda por deslindar, pero los tramos pendientes son en su mayoría los más delicados, por la cantidad de viviendas afectadas. El litoral de Lugo, por ejemplo, está deslindado en su totalidad, pero en A Coruña quedan unos 200 kilómetros en los que aún no se ha aplicado la Ley de Costas, y en Pontevedra, cerca de 90. El primer tramo en el que se ha comenzado a determinar el espacio de servidumbre de protección se corresponde con el término municipal de Noia, donde la Demarcación de Costas tramita un espacio litoral de 10 kilómetros, lo que ha despertado las protestas de los vecinos.
La ley de 1988 delimita el dominio público marítimo terrestre, que comprende desde la línea de bajamar hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales. En el caso de Noia, esa línea esta trazada desde hace años. Pero desde esa zona hay que establecer la servidumbre de protección, cuya extensión oscila entre 20 y 100 metros tierra adentro, según la clasificación urbanística del suelo. En se deslinde está pendiente en Noia desde 1999.
La voz de alarma la dio el BNG de Noia, ante la cascada de reclamaciones vecinales. Como el uso residencial está prohibido en la zona de servidumbre de protección, todas las viviendas afectadas posteriores a 1988 pasan a ser de propiedad estatal, y sus dueños solo tienen derecho a sus casas en régimen de concesión. No solo no pueden venderlas; tampoco están autorizados para realizar obras de mejora en los inmuebles. Los nacionalistas, antiguos socios de gobierno del PSdeG, han pedido una entrevista al alcalde, Rafael García Guerrero, con el objetivo de "debatir las consecuencias del deslinde sobre un gran número de propietarios".
La zona afectada por el deslinde va desde el puente en la desembocadura del río Tallara hasta Portosín, en el límite con el término municipal de Porto do Son. En total, 9.982 metros de litoral, con el agravante de una alta densidad de población. "No nos oponemos al deslinde, pero creemos que se está haciendo a espaldas de los afectados, con nocturnidad y alevosía", acusa el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Noia, Bieito González.
A falta de datos oficiales, los nacionalistas calculan que son más de 200 los propietarios afectados por el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente. Una de las irregularidades que denunció el BNG es la ausencia de información oficial. Hasta ahora, los expedientes solo se podrían consultar en la Demarcación de Costas, en A Coruña, o en la sede ministerial de Madrid. "Hemos corregido esa cuestión, y la documentación ya está disponible en el propio Ayuntamiento", replica el alcalde. El proyecto del ministerio amenaza las perspectivas electorales del PSdeG a poco más de cuatro meses de las elecciones municipales, aunque García Guerrero está convencido de que se garantizarán los derechos de los propietarios.
"Es un proyecto provisional"
El jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, asegura que, de momento, el deslinde impulsado por su departamento "no es más que un proyecto provisional". Eimil subraya que el proyecto "está todavía en fase de alegaciones", por lo que trata de tranquilizar a los afectados con el mensaje de que "habrá modificaciones".
Pero tranquilizar a unos vecinos que ven cómo pierden la titularidad de sus viviendas no es tarea fácil. Nadie lo ha conseguido en Moaña, por ejemplo, donde el proyecto para deslindar 15 kilómetros de costa provocó un enorme revuelo vecinal. Los afectados intentaron sin éxito paralizar el proyecto en los juzgados, pero fue sólo el relevo de Cristina Narbona por Elena Espinosa lo que logró apaciguar relativamente los ánimos. Los trámites se ralentizaron, y poco a poco se dejó de hablar del asunto.
Buena parte de lo que resta por deslindar en el litoral gallego se encuentra en la provincia de A Coruña, principalmente en la península del Barbanza. En Pontevedra, el proyecto pendiente incluye la isla de Toralla, en Vigo.
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