Un constructor de Nigrán fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia grave a la autoridad y otros seis meses por un delito contra la ordenación del territorio por haber ampliado ilegalmente su fábrica sobre terreno rústico y forestal y romper los precintos que colocó la Policía Local.

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha impulsado un plan estratégico para la creación de marinas náuticas en la costa gallega. El proyecto se emprende ante la constatación de que la demanda de amarres supera a la oferta en Galicia, aunque también supondrá una fuente de ingresos para las arcas del ente público, que en la actualidad ingresa unos dos millones de euros al año por las concesiones en los puertos de su jurisdicción.

Baiona dispondrá en un mes de su Plan de Ordenación del Puerto, según el plazo que ayer adelantó el regidor local y que vinculó a la participación de todos los grupos con representación municipal. «Queremos que haya el mayor consenso en el documento, por lo que ya se les ha remitido a todos los grupos la información recibida desde Portos y nos reuniremos para su puesta en común», indicó Jesús Vázquez Almuiña al presentar el proyecto acompañado de la edila de Urbanismo, Ana Simons.

Gas Natural-Fenosa, Endesa, Red Eléctrica de España (REE) y Enel destacan por haber hecho un hueco a los más variopintos políticos españoles en sus consejos de administración. El motivo suele repetirse en todas las compañías: abrir puertas hasta ahora cerradas.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio investiga las irregularidades urbanísticas del camping Bayona Playa, ubicado en A Ladeira. El grupo municipal del BNG de Baiona trasladó hace dos meses al ministerio fiscal la colocación de nuevos bungalós el año pasado en el establecimiento, pese a contar este con una sentencia de demolición de los 34 iniciales dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2004.

Casi tres años después de que anulara el programa de acuicultura del bipartito, la Xunta del PP tiene listo su propio diseño y en una semana aprobará el plan director que desbloqueará la actividad del sector y permitirá ya a los promotores presentar sus proyectos para ocupar el litoral gallego con nuevas piscifactorías. Pocos detalles se conocen todavía sobre la planificación del Gobierno de Feijóo, pero sí que el Ejecutivo podrá "tutelar" ya desde la fase de borrador cada proyecto empresarial para ir corrigiéndolo, y que exigirá, a modo de "autoimposición", la integración en el paisaje de las nuevas instalaciones, controlando para ellos los materiales de construcción, el volumen de la obra y hasta el color.

Tres semanas ha tardado el marisco contaminado de la batea ferrolana en autodepurarse y ser apto para el consumo fresco. Demasiado tiempo para los pósitos de Ferrol y Barallobre (Fene), que ayer renunciaron a subastarlo en lonja —aventuraban precios bajísimos— y mañana lo resembrarán en los bancos medios de la ría para recuperarlo más adelante en los días de faena libre.

Los rumores acerca de que el proyecto del parque eólico de Pedras Negras, cuya construcción afectará a montes de la parroquia moañesa de Domaio así como de los concellos de Marín y Vilaboa, se estaba tramitando con mayor lentitud por parte de la empresa promotora quedan totalmente despejados. Y es que según ha podido saber FARO, la multinacional de origen italiano Enel Green Power no tiene intención de renunciar a construir y gestionar la infraestructura y presentará ante la Xunta toda la documentación precisa en forma y plazo.

Una puerta se abre para los de núcleos tradicionales marineros afectados en Galicia por el deslinde del Ministerio de Medio Ambiente que declaró como pública la franja de terreno pegado al mar, incluyendo numerosas viviendas y otras propiedades que pasaron a ser titularidad del Estado al no poder justificarse que existían como parte de una zona urbana antes de 1988, año en que se aprobó la Ley de Costas. Una sentencia del Tribunal Supremo acaba de suspender el deslinde realizado en Redes (Ares) y, al tratarse del segundo pronunciamiento en el mismo sentido, crea jurisprudencia, por lo que abre la posibilidad de que los deslindes realizados en otros núcleos marineros se puedan revisar y legalizar viviendas que el Ministerio de Medio Ambiente sitúa en el dominio público y, por tanto, propiedad del Estado.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha lanzado una carga de profundidad en su primera comparecencia hoy ante el Congreso. A toda velocidad, leyendo su discurso en un tono a veces embarullado, ha anunciado una reforma total de la legislación ambiental. No es solo la "muy profunda" reforma de la Ley de Costas, sino que ha adelantado cambios en la Ley de Calidad del Aire -"para hacerla realista"-, en la de Responsabilidad Ambiental -que obliga a las empresas a disponer de una garantía financiera por si hay un vertido-, en la de Biodiversidad, en el decreto de suelos contaminados, en la norma de declaración de impacto ambiental, en la Ley de Aguas, en los residuos… Ni un pilar de la abundante legislación ambiental aprobada principalmente en la legislatura 2004-2008 se salva de esa revisión, que afectará de lleno a la política de agua, ya que el ministro ha defendido los trasvases como elementos de "solidaridad". En total, el ministro ha anunciado 66 medidas como programa de Gobierno.

Los 34 bungalós del camping Bayona Playa, ubicado en A Ladeira, están condenados a desaparecer desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió sentencia firme en 2004. El fallo los declaraba ilegales por situarse en un espacio protegido de la delimitación marítimo terrestre de Costas y por carecer de licencia municipal y ordenaba su demolición. El apremio de derribo es ahora mayor. Por mandato judicial, el Concello ordena la ejecución de la sentencia, aunque el recurso presentado por los propietarios ante el Ayuntamiento frena el procedimiento.

El alcalde de Baiona ha emitido un decreto, del que hoy dará cuenta en el pleno, por el que ordena a los responsables del cámping Baiona Playa la demolición de 34 bungalós construidos sin la preceptiva licencia municipal en la playa Ladeira. Según confirmó ayer el regidor, Jesús Vázquez Almuiña, la empresa tiene un plazo de un mes desde que recibió el requerimiento para ejecutar el derribo, dimanante a su vez de la sentencia judicial dictada hace más de un lustro por el TSXG.

La Consellería de Industria ha rescatado en los últimos meses varios proyectos de canteras que provienen de la etapa final del Gobierno Fraga y que habían quedado larvados durante el bipartito. Uno de ellos, con el trámite administrativo ya avanzado, se situaría en el corazón de la Serra do Suído, incluida en la propuesta que Medio Rural presentó hace unas semanas para la ampliación de la Red Natura, donde también se tramita la explotación de otra cantera. En diciembre ya fue autorizada la de la sierra de la Enciña da Lastra, que la Xunta declaró parque natural en 2002, perteneciente igualmente a la Red Natura, en ayuntamiento ourensano de Rubiás, fronterizo con León.

La Xunta sacó ayer una lectura positiva del decreto del Gobierno central que anula, de forma temporal pero indefinida, las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables a pesar de que deja fuera todos los megavatios del concurso eólico gallego y otros mil más en tramitación de adjudicaciones anteriores. Considera que es una "oportunidad" para desarrollar el concurso eólico con todas las garantías y sin alterar los plazos. Su argumento es que como son los parques más eficaces y productivos de España, debido a las horas de viento, pueden "beneficiarse" de un "régimen económico específico" previsto en el real decreto para determinadas excepciones. En el caso gallego, esa "alta eficiencia" del sector eólico sería la causa de su singularidad, y por eso la Xunta ha remitido al Ministerio de Industria dos propuestas para reconocer su rentabilidad: una sería manteniendo el 70% del importe de las primas actuales y la segunda consistiría en garantizar durante veinte años un precio mínimo de mercado en el pool donde se subasta la electricidad generada.

Un «aterrizaje suave», con primas del 70 % para los proyectos que se beneficien de más de 2.500 horas de viento al año, y se autoricen en el 2012, constituye la primera propuesta que la Xunta ha remitido al Gobierno central, como modelo especial de retribución para los incluidos en el plan eólico. En rigor, según la Consellería de Economía e Industria, entrarían los 90 proyectos. En España, el promedio es de 2.200 horas de viento, y todos los proyectos del eólico gallego superan las 2.600 horas. Galicia cerró el 2011 sin instalar nueva potencia eólica.