NUNCA ES justificable la violencia. Menos aún, si cabe, cuando se ejerce contra una representación democrática de los ciudadanos. La responsabilidad de los políticos, cuyo deber es defender los legítimos intereses de la mayoría de los que gobierna, es procurar siempre la prevalencia del beneficio general dentro del mayor de los consensos. A raíz de los hechos, no parece que esto último sea lo sucedido con el urbanismo en Nigrán. Si algo necesita luz y taquígrafos es todo aquello relativo al planeamiento urbano, en los últimos tiempos bajo permanente sospecha. La reciente rebelión popular en la, por muchos, denominada Marbella gallega, es sin duda más una suma de frustraciones de cientos de pequeños propietarios que ven truncadas sus aspiraciones personales por un plan urbanístico para ellos especulativo, que la confabulación política a la que se alude desde el gobierno municipal.