Vaya por delante el reconocer que el Plan Xeral de Nigrán no favorece a los propios vecinos del municipio y sí a los grandes constructores, pero también es cierto que bajo toda esta revolución popular no subyace –salvo excepciones casi testimoniales- un afán altruista de defensa del suelo público y de lucha contra la especulación costera. De otro modo la lucha contra las promociones faraónicas de Nigrán hubiera comenzado en los pasados años noventa y entonces nadie movió un dedo. Aquí lo que importa es que los de siempre se han quedado con la parte del león y los vecinos también querían su parte, y en este saqueo urbanístico, hay que admitirlo, tienen más derecho que los grandes promotores. Lo realmente preocupante es la absoluta dejadez del Estado en materia de suelo y de vivienda, lo que ha propiciado una nueva economía que ya no gira alrededor de la moneda euro sino de la moneda ladrillo. Los especuladores urbanísticos –una parte importante de los españoles- suben y bajan a su antojo los datos de riqueza del país y depender de esto –aprendámoslo de una vez- es tercermundista y nefasto para la economía.

El revuelo montado estos días en el municipio de Nigrán pone de relieve numerosos hechos incuestionables, y el primero de ellos es que la supuesta corrupción en algunos organismos sólo se ataca cuando estos organismos dejan de tener el apoyo político de una Administración superior, y esto vale tanto para Nigrán como para la Diputación de Lugo. En ambos casos se lleva años, muchos años, denunciando en la calle lo que era ignorado por todos los poderes públicos. Hace 15 años llegaban a las redacciones de los periódicos numerosos rumores –y no tan rumores- sobre qué estaba pasando con el 'boom' urbanístico de Nigrán y de todo el Val Miñor. Un concejal baionés podía presumir de haber recibido financiación de la Xunta para construirse un hotel de su propiedad sobre la arena de una de las playas del municipio. Y no pasaba nada. Algo falla en el sistema –no es el partido, es el sistema- cuando estas maniobras irregulares resultan tan protegidas por el Gobierno de turno y hasta los propios jueces –voluntaria o involuntariamente- actúan en función del color político del momento.

De todos modos, no voy a repetir lo mucho que se ha escrito ya contra los grandes promotores. Ahorro esa parte con la que estoy de acuerdo pero doy un paso más para señalar que el primer culpable y el primer especulador es quien compra en primera línea de playa su segunda vivienda o aquel particular que con grandes apuros compra un piso que nunca habitará con el único propósito de revenderlo y arrancarle unos miles de euros a la operación. Esta acción es, para mí y desde el punto de vista moral, más grave que la del propio promotor. No hay que olvidar que la mayoría de los pisos que se construyen en Nigrán son para segunda o tercera vivienda para personas de fuera del municipio, mientras que las obras que no permite el nuevo planeamiento son, precisamente, las de los vecinos que suelen destinar esa obra a la primera vivienda de un hijo u otro familiar. No es menos cierto lo dicho al principio: que al grueso de los vecinos no les preocupa que se levanten grandes edificios destrozando la costa; lo que les preocupa es que ellos no pueden hacer algo parecido en sus pequeñas parcelas diseminadas en el interior del término municipal.

Lo más molesto de todo es que, mientras vecinos y políticos se desgastan y se vapulean, hay cuatro tipos en un despacho que están tan frescos burlándose de unos y otros porque han hecho un negocio brillante. Todo sucede porque el Estado ha dejado crecer esa peligrosa tendencia cultural de los españoles que se ven mucho más empujados que el resto de europeos a ser propietarios de vivienda, lo cual se debe a la sensación de desamparo y a la desconfianza que se tiene ante el sistema público de protección social. En una posición penosa, el Estado debería empezar por explicar por qué en España hay cerca de tres millones de pisos vacíos –vaciados- que sólo sirven para mantener un precio falso, inflado, de la vivienda, que provoca que otros tantos millones de españoles no puedan soñar jamás con acceder a una vivienda digna o a un alquiler que no sea disparatado.