Sindicatos, patronal y universidades piden una nueva política que prime el reciclaje
EL Consello Económico e Social (CES) demanda a la Consellería de Medio Ambiente "una nueva política de residuos". El órgano consultivo de la Xunta en materia socioeconómica se lamenta de que el proyecto de Ley de Residuos de Galicia, que dentro de quince días llegará al Parlamento para su debate y aprobación, "va a implicar escasos cambios con respecto a la gestión actual de los residuos", pues "mantiene el esquema basado en el funcionamiento de Sogama y en la incineración de la basura, frente a las recomendaciones de la Unión Europea, de que se actúe con este orden de preferencia: reducción en origen, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación".
Los agentes sociales y económicos de la comunidad, entre ellos sindicatos, patronal y universidades, emiten un dictamen negativo sobre el proyecto de ley impulsado por el equipo de Manuel Vázquez, que ayer mismo defendía el texto legal como un proyecto que supera la normativa estatal y apuesta por el compostaje frente a la incineración.
Los socialistas siempre fueron muy críticos desde la oposición con el proyecto de Sogama puesto en marcha por el Gobierno de Fraga. El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, siempre ha sostenido que bajo su dirección "no va a haber más incineración y se va a reducir paulatinamente la actual", con la creación de nuevas plantas de compostaje para los residuos orgánicos. Sin embargo, para el CES el proyecto de Ley de Residuos de Galicia contradice las promesas del conselleiro, y, por ello, le anima a "caminar con más decisión hacia el objetivo del Desarrollo Sostenible".
El Consello Económico e Social, cuyos dictámenes no son vinculantes, insiste que la valorización energética que ahora prima en la planta de Sogama, a donde llega una tonelada de basuras al año, "tiene que ser la penúltima de las opciones posibles y conviene centrar los esfuerzos en la prevención de la producción de residuos y en su reutilización y reciclaje". Es más, el CES le propone a la Xunta que regule que sólo se podrán valorizar los residuos "no susceptibles de reciclaje" y con las mejores tecnologías.
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