La península nigranense de Monteferro alberga la primera demolición para restituir la legalidad urbanística. El propietario de la parcela número 15 de la urbanización del SAU-1, un polémico proyecto rodeado de protestas de particulares y concejales, inició ayer de forma voluntaria los trabajos de derribo de una estructura de hormigón, después de que el ayuntamiento mantuviese precintada la obra durante un año en respuesta a una denuncia de vecinos presentada en el año 2005.

Los denunciantes lograron sus objetivos tras acusar al promotor de la obra, José Luis Rivadulla, ex presidente del Real Club Celta, de exceder la licencia que el gobierno municipal le había concedido para una vivienda unifamiliar de bajo y una planta. Además, la construcción alteraba la rasante natural del terreno y no respetaba el retranqueo preceptivo de tres metros respecto al vial correspondiente, según explicaban los denunciantes.

La estructura de hormigón en proceso de derribo establecía bajo, dos plantas y bajo cubierta para el edificio. La orden de demolición no es la primera medida oficial contra la construcción. El alcalde, Alfredo Rodríguez, decretó la paralización de las obras en diciembre de 2005 al considerar que la estructura excedía el permiso municipal. Pero el propietario de los terrenos en aquel momento desoyó la orden del regidor y continuó con su proyecto, por lo que el regidor ordenó el precintado del mismo pocos días después.

José Luis Rivadulla podría haber vendido estas propiedades durante este año de paralización de las obras. Su actual dueño inició ayer la restitución de la legalidad de motu propio para poder desarrollar el proyecto urbanístico autorizado en la zona. Si continuase con los trabajos de forma irregular y rompiese al precinto, el asunto se trasladaría a los tribunales y un juez obligaría al ayuntamiento a derribar la construcción.

El alcalde manifestó ayer su satisfacción por la decisión del actual propietario e indicó que "sólo de esta forma podía continuar con el proyecto". Alfredo Rodríguez insiste en que el dueño de la construcción debe demoler una placa para adaptar el proyecto a la normativa vigente. Sólo así, señala, se podrá ordenar el levantamiento del precinto.