Los sucesivos casos de corrupción urbanística que han convertido a Marbella en blanco judicial, está teniendo su efecto también en Galicia. Así lo estima el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, César del Pozo, que certifica un cierto incremento en el número de denuncias en materia de urbanismo que desde hace unos meses están llegando a los juzgados gallegos.

El jefe de los fiscales pontevedreses no cree sin embargo que haya aumentado el número de este tipo de delitos, como el descubierto la pasada semana en Gondomar, pero sí la sensibilidad social y política hacia esa clase de asuntos. «Últimamente están llegando más denuncias con componentes u origen en materia urbanística y sobre todo hay más gente que amenaza con denunciar, y posiblemente por un efecto de contagio con lo que parece que hay en Marbella», argumenta el representante de la Fiscalía.

En todo caso, presuntos delitos como el de Gondomar, a pesar de su repercusión mediática al sorprenderse a un político recibiendo dinero en mano, no acercan a Galicia a la consideración que puede tener el urbanismo en la ciudad malagueña. «Afortunadamente esto no es Marbella, aunque yo no digo que no haya nada, pero no nos confundamos», insiste César del Pozo.

Gondomar, no es general

La Fiscalía entiende que generalizar el caso de la villa pontevedresa y asimilarlo al modo habitual de actuar de constructores, arquitectos y concejales de Urbanismo en Galicia puede pervertir de manera grave la función pública e institucional. «No es bueno criminalizar a un colectivo, sea el que sea, como tampoco lo es acudir a la vía penal a la primera de cambio», añade.

Las cintas grabadas de manera secreta al concejal de Cultura de Gondomar, con las que se probaría la petición de fondos a cambio de modificaciones en el planeamiento urbanístico son, advierte la Fiscalía, pruebas fruto de una investigación previa, pero no considera necesario e incluso aconsejable que los particulares tengan que acudir con ese tipo de herramientas para respaldar sus denuncias. Casos con denunciantes dispuestos a hacer las veces de cebo son excepcionales, según se certifica desde el ministerio público, pero cada vez lo es menos la llegada de denuncias anónimas o grabaciones, que, a pesar de todo, tienen que ser investigadas, aunque se certifica que en muchas ocasiones tienen un objetivo perverso.

Del Pozo asegura que son muchas las denuncias urbanísticas archivadas, pero mantiene que la Fiscalía toma esa decisión porque la mayoría de las veces se trata de cuestiones ajenas a la vía penal, aunque reconoce que dada la complejidad legal de todo lo referido al urbanismo puede haber contradicciones en sentencias de casos aparentemente semejantes.

Politización

La Fiscalía gallega irrumpió de manera excepcional la semana pasada para opinar respecto a las reacciones políticas emitidas sobre el caso Gondomar, que sobre todo desde el entorno del PP se lanzaron para cuestionar la independencia del ministerio público. El portavoz de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José Piñol, recalcó que el fiscal especial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Vigo «no actuó de modo autónomo» sino como parte de una investigación judicial.

El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra hace un doble ruego a la clase política. Primero que no abuse a la hora de asegurar ante la opinión pública que se va a denunciar a sus adversarios o colectivos críticos, cuando realmente no se piensa hacerlo, y segundo que «no nos politicen, nosotros no vemos colores, sólo si hay o no delitos», concluye.

Caride cree que lo ocurrido en Gondomar puede pasar en otros ayuntamientos

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, advirtió ayer que el planeamiento urbanístico de Gondomar, sobre el que pesa la declaración de ilegalidad para cerca de 300 licencias y cuatro detenciones por presunto delito de cohecho, «é un ejemplo do que temos que tomar nota, porque lamentablemente», aseguró, se repite en otros municipios. La conselleira no quiso especificar más, pero extendió con ello la sombra de la sospecha sobre el territorio gallego.

En una visita a Vigo para responder a las críticas sobre la actuación de la Xunta en el Plan General de Ordenación Municipal de Vigo (PGOM), Caride recordó que en Gondomar se han concedido licencias urbanísticas «sen ningún amparo legal» y que la «fuxida cara adiante» en ante este tipo de conflictos no es una buena estrategia. «Os erros non desaparecen por moito que un Concello diga que xa se teñen solucionado», añadió la política viguesa, quien agregó que en el caso de Gondomar, con la imputación por presunta corrupción urbanística, «a mellor noticia é que a xustiza a persiga e vexa o que hai detrás». «Quen mete a man na caixa non pode adicarse á política», añadió Caride, al tiempo que señaló que todas aquellas personas «que temos algo que ver co urbanismo temos que ser extremadamente cautelosos».

La titular de Política Territorial se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que, en su día, anuló el Plan de Ordenación de Gondomar de 1997, pero que el Ayuntamiento de ese municipio «saltouse» tanto esa resolución judicial como la emitida por la Xunta.

Críticas al PP

La conselleira lamentó finalmente que la ciudadanía pueda llegar a tener la sensación de que «urbanismo es igual a corrupción», mientras extendió sus críticas hacia el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, -aunque sin nombrarlo- por haber cuestionado la labor de la Fiscalía. «A min non se me ocorre que un grupo político presione ós xuices», pues, según expresó, estos operan de manera objetiva y transparente.