Nova 389
El edil dice además en la grabación que se costearía la campaña del nuevo partido de los tránsfugas
La conversación grabada entre el empresario vigués y el concejal de Gondomar que presuntamente exigió el pago de 45 millones de pesetas por la aprobación de un convenio urbanístico podría ampliar en breve las consecuencias políticas de la crisis abierta en la villa pontevedresa.
La cinta de vídeo en la que el ya ex concejal de Cultura es enfocado en todo momento durante el encuentro vigilado recoge cómo el imputado, José Luis Mosquera, alude al control que, al menos él, tendría sobre los tres ediles que abandonaron en este mandato el PSOE y fundaron después el partido Move Gondomar.
Fue en el momento en el que el empresario-gancho pidió garantías de que el convenio urbanístico saldría aprobado dentro del nuevo Plan Xeral cuando Mosquera retrató la situación de la corporación. Como reconocen además fuentes de la investigación, el edil acusado de cohecho dijo ante la cámara, cuya existencia desconocía, que los votos del PP estaban garantizados, y que los ediles de Move Gondomar se abstendrían, porque (tal y como dice en la grabación) se les habría financiado la marcha del PSOE y se había comprometido a costear parte de la campaña electoral de las municipales.
En ese episodio, Mosquera hace la reflexión de que el PP no tendrá fácil obtener esta vez en las elecciones de mayo la mayoría absoluta, y por eso les haría falta «una pata para apoyarnos más». De la conversación no se deduce sin embargo que el dinero de la supuesta comisión fuese destinado a dicho partido.
El PSOE de Gondomar se fracturó en el 2005 por la disputa del liderazgo en la secretaría xeral. El que fuera candidato a la alcaldía en el 2003, Manuel Núñez Sestelo, perdió el favor de la militancia y fundó Move Gondomar. Dos ediles más del PSOE se sumaron y desde entonces solían coincidir en las votaciones con el PP.
La cinta grabada a José Luis Mosquera recoge, por otra parte, cómo el ex edil garantiza a su interlocutor que el concejal del PSOE «no se entera», pero le habría avanzado que no alegaría contra el convenio. El imputado se refiere finalmente en la cinta a los ediles del BNG, jactándose de que ya se les habría dado un aviso en un pleno de que en el plan también hay parcelas recalificadas de sus familiares.
José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido presentaron ayer por escrito la renuncia a sus actas de concejales, pero no lo hicieron personalmente, sino que encargaron a un mensajero que introdujera sus cartas de dimisión en el registro municipal.
Ambos no han salido de sus casas desde que fueron puestos en libertad con cargos por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo. Ayer tampoco lo hicieron, sabiendo además que numerosos periodistas esperaron su llegada durante toda la mañana en las puertas de la casa consistorial.
José Luis Mosquera escribió una carta en la que, de su puño y letra, pidió perdón al alcalde, a todas las personas que confiaron en él «y a todos los vecinos por el daño irreparable que, con mi actitud irresponsable, he causado al nombre de Gondomar».
Confesión
El ya ex concejal de Cultura reconoció con franqueza su error. «Te presento mi dimisión porque mis últimas actuaciones son indignas de un representante de los vecinos e incompatibles con el recto proceder de un cargo público y porque he actuado mal y no merezco tu confianza política», terminó diciendo en su misiva.
Alejandro Gómez, en una nota más escueta, manifestó su renuncia para poder trabajar «en favor de la verdad» y ponerse a disposición de la Justicia.
Los dos representantes poseían una amplia trayectoria en la política municipal de Gondomar. Alejandro Gómez dio carpetazo después de 20 años de dedicación a la concejalía de Urbanismo, mientras que José Luis Mosquera se despidió tras 16 años como concejal de Cultura.
«Nosotros nos ofrecimos para colaborar en el plan, pero no tenemos nada que ver con sus chanchullos». Así se expresaba ayer el portavoz de Move Gondomar, Manuel Núñez Sestelo, que negó rotundamente tener algún tipo de relación con las presuntas negociaciones prohibidas que motivaron la detención de los ediles José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido.
Núñez asegura que «ni nos ofrecieron nada ni recibimos nada».
Los independientes estudian la posibilidad de presentar una querella contra Mosquera por haber comentado al promotor que hizo de gancho que garantizaban también el apoyo de Move Gondomar al Plan Xeral que haría posible las recalificaciones pactadas.
Manuel Núñez afirmó que no existe ningún pacto previo con el PP y que su apoyo al gobierno siempre ha sido en cuestiones muy específicas. «Nos quieren salpicar personas del BNG y del PSOE que ahora dicen que esto lo veían venir, y yo les pregunto por qué no lo denunciaron entonces, como hicimos nosotros en otras ocasiones con más irregularidades», manifestó este portavoz.
El BNG demandó ayer que se investigue la financiación de los partidos locales.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, no se muestra partícipe de recortar las competencias de los ayuntamientos en materia de urbanismo. Pero aún reconociendo las dificultades que muchos pequeños concellos gallegos tienen para ejercer su autonomía y revisar sus planeamientos, no dudó al valorar casos como el de Gondomar: «La legalidad hay que cumplirla siempre, porque la legalidad no es algo abstracto, es la defensa del interés general, de la calidad de vida y de la seguridad jurídica de los ciudadanos y de los empresarios. En cuanto no se cumple de una u otra manera vienen los inconvenientes, y se generan los problemas».
A la conclusión de la cumbre interautonómica de Galicia y el Principado, Touriño incidió en que las autonomías disponen de «potentes instrumentos» para controlar el urbanismo y que su función debe ser la de apoyar a los ayuntamientos para que puedan desarrollar sus planeamientos. En el caso de la Xunta, insistió en que además hay un interés evidente en reforzar este papel, de ahí la creación del Instituto de Estudios del Territorio, que se incluye en el proyecto de ley de medidas urgentes de protección del litoral y cuya función fundamental será la de asesorar a los concellos.
El PP cuestiona al fiscal
Por otra parte, el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda Crespo, aseguró ayer en Pontevedra que hubo miembros del PSOE de Gondomar que tuvieron conocimiento «antes que nadie» de la operación. Rueda puso de manifiesto la «plena confianza» del PPdeG en la Justicia y en el trabajo de los jueces, pero admitió que tienen sus reservas con respecto al trabajo de la fiscalía. «Hay cosas, en el modo de hacer las detenciones y de actuar en el sumario, ciertos procedimientos, que nos siguen chirriando».
El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda Crespo, aseguró ayer en Pontevedra que hubo miembros del PSOE de Gondomar que tuvieron conocimiento «antes que nadie» de la operación. Rueda puso de manifiesto la «plena confianza» del PPdeG en la Justicia y en el trabajo de los jueces, pero admitió que tienen sus reservas con respecto al trabajo de la fiscalía. «Hay cosas, en el modo de hacer las detenciones y de actuar en el sumario, ciertos procedimientos, que nos siguen chirriando».
Rueda defendió el modo de actuar de su partido: «En cuanto se tuvo constancia de las actuaciones judiciales, el PP llegó al límite de lo que puede ser la actuación de un partido».
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