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La Ley del Litoral que bloquea la edificación en la franja de los primeros 500 metros de costa entrará en vigor entorno al mes de abril, una vez que sea aprobada en el Parlamento gallego por la vía de urgencia. La Xunta dio ayer el visto bueno al borrador de esta normativa que impedirá construir de manera transitoria en un total de 3.000 hectáreas con la intención de proteger el litoral y evitar un crecimiento urbanístico desmesurado en estos municipios.
"La presión en estos ayuntamientos es de tal calibre que se pretendía urbanizar tanto como en toda la historia acumulada de nuestra existencia", advirtió el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.
Según las cifras de la Xunta, en el litoral gallego hay construidas un total de 22.000 hectáreas. Los planes urbanísticos preveían, sin embargo, la edificación de otras 20.000 hectáreas "en un periodo inmediato", es decir duplicar la superficie urbanizada en la costa.
"Con esta ley el litoral vuelve a ser patrimonio de los gallegos y se termina con el aquí vale todo", aseguró Touriño tras el Consello de la Xunta. La nueva normativa bloquea transitoriamente la edificación en la costa hasta que los ayuntamientos tengan adaptado sus planes urbanísticos a la Ley del Suelo y el Gobierno gallego apruebe el Plan de Ordenación del Litoral.
Con la nueva normativa aprobada ayer por el Consello de la Xunta se promoverán además las vivendas de promoción pública al abrir la posibilidad de utilizar planes de incidencia supramunicipal para su construcción. De esta manera, el Ejecutivo autonómico podrá obligar a los ayuntamientos a recalificar suelo para pisos protegidos.
Una de las novedades, introducidas a última hora en la Ley del Litoral es la de permitir la instalación de paneles solares en suelo rústico, infraestructuras que hasta ahora estaban prohibidas en estas áreas.
La suspensión cautelar de construir a menos de 500 metros afecta a un total de 87 municipios, 48 de ellos en A Coruña, 30 en Pontevedra y 9 en Lugo.
Oposición
El PPdeG ha sido el primero en mostrar su "preocupación" por la aprobación de esta normativa, ya que el borrador no incluye ninguna de las recomendaciones efectuadas por el Consello Económico e Social y la Fegamp. La dirección del partido ha convocado a los alcaldes populares a una reunión este sábado para "estudiar los efectos que esta modificación normativa puede traer para los municipios".
En el Consello de la Xunta de ayer se aprobó también la Ley del Banco de Tierras, que prevé sanciones de entre 600 y 6.000 euros a los propietarios de fincas en estado de abandono con el objetivo de persuadirlos para que las cedan para su explotación.
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