La Xunta presentará en febrero al Parlamento el proyecto de ley de medidas urgentes de protección del litoral a pesar de que admite que esta iniciativa conlleva riesgos electorales, dado que los comicios municipales se celebrarán en mayo y las medidas del Gobierno gallego prohibirán, de forma indefinida pero transitoria, la construcción en los primeros 500 metros de costa contados a partir de la línea de mar. "Este Gobierno da la cara", dijo el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en la Cámara para expresar su convencimiento en la necesidad de la ley aun en vísperas de las elecciones locales.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSOE, Touriño comentó que el pasado martes la comisión de secretarios generales de la Xunta aprobó el proyecto de ley y que ayer lo firmó para ser enviado al Consello Económico e Social para su debate y poder remitirlo a la Cámara en febrero, primer mes hábil tras las Navidades. Aseguró que la ordenación del territorio es "una de las cuestiones más relevantes para el futuro del país, que marcará un antes y un después", y reclamó, una vez más, el apoyo del PP para lograr un pacto por el territorio "para salvar a este país de la degradación, de la corrupción y de las tramas urbanísticas".

A su juicio, la mayoría de los ciudadanos y los interlocutores sociales, como la Fegamp, los empresarios y los arquitectos, apoyan las medidas de protección del litoral, aunque éstas puedan acarrear "costes de explicación y de oportunidad" debido a la proximidad de las elecciones municipales. Touriño aseguró que ante este panorama algunos "estrategas electorales pueden desaconsejar que la Xunta coja el toro por los cuernos", pero que su compromiso es "dar la cara" y seguir adelante con la ley de protección del litoral.

El presidente indicó que el objetivo es mejorar el urbanismo, pero sin "criminalizar a los municipios gallegos", y tratar de corresponsabilizar a las instituciones locales en el desarrollo de un modelo urbanísticos respetuoso y sostenible. Así, recordó que en los últimos cinco años, los ayuntamientos costeros visaron 120.000 viviendas.