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El bipartito confirma la retirada de la tasa de extinción que pretendía cobrar a los propietarios
Las presiones del sector forestal han conseguido convencer a los responsables de la Consellería do Medio Rural de la conveniencia de suavizar las sanciones previstas en el anteproyecto de la Lei de Prevención e Extinción de Incendios Forestais. Así, en el texto definitivo que será remitido al Parlamento desaparecerán las multas más elevadas previstas para los propietarios que descuiden sus fincas o no las limpien adecuadamente, que llegaban a ser de hasta un millón de euros en el caso de terrenos próximos a pirotecnias, instalaciones industriales o eléctricas, o vías de comunicación.
Así quedó acordado ayer en la reunión mantenida por el Consello Forestal de Galicia, en la que tomaron parte el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, y representantes de la industria maderera, grupos ecologistas, propietarios de montes y otros colectivos con intereses en la cuestión. El director xeral de Montes, Alberte Blanco, reconoció al término del encuentro que las multas previstas eran excesivas, aunque no llegó a adelantar las nuevas cuantías.
«O sentir do sector»
La reunión sectorial sirvió también para ratificar la decisión del Gobierno gallego de eliminar la tasa de extinción de incendios incluida inicialmente en el texto, que preveía el cobro de un canon a los propietarios de fincas descuidadas afectadas por el fuego. El fuerte rechazo expresado por el sector durante las últimas semanas ha obligado a Medio Rural a dar marcha atrás en uno de los puntos más conflictivos de la ley. Blanco subrayó que, desde el punto de vista de la consellería, la medida era «beneficiosa, aínda que non un elemento indispensable», y explicó que se suprime, «recollendo o sentir do sector», con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible y de alcanzar un «punto de equilibrio» entre las partes.
En total fueron más de 200 las enmiendas presentadas al texto original, muchas de ellas aceptadas. Así, además de la relajación de las medidas sancionadoras, se han introducido nuevos matices, se han eliminado, por ejemplo, la mención a las «especies pirófitas» recogida en el borrador inicial y considerada «pouco científica», según señaló Alberte Blanco. El resultado, indicó, es un texto «máis claro e unha demostración de que este Goberno dialoga e é consciente de que as cousas teñen unha duración e un tempo». Blanco incluso apuntó la posibilidad de que el anteproyecto sufra nuevas modificaciones en el trámite parlamentario.
Medio Rural aceptó, por otra parte, la propuesta de la Federación Galega de Municipios e Provincias para aumentar la partida para limpieza y desbroce de montes, incorporando también las pistas forestales.
Al margen de la relajación de las sanciones previstas inicialmente, la principal novedad surgida de la reunión de ayer del Consello Forestal de Galicia es la supresión de la potestad que se concedía a los particulares para intervenir en fincas colindantes que no fueran de su propiedad, en caso de existir un riesgo grave de fuego. De esta forma, esta capacidad se reserva a la Administración pública a través de los servicios de extinción de incendios, una modificación que obedece a la intención del Gobierno de evitar conflictos vecinales.
A propósito de la posibilidad de fomentar el cultivo de especies de calidad que reduzcan el riesgo de propagación de los incendios, Alberte Blanco aseguró que este asunto no forma parte de los contenidos de la ley, aunque recordó que la política de su departamento pretende favorecer el cultivo de especies autóctonas, «aínda que sen criminalizar ningunha especie». Blanco recordó que Galicia dispone de dos millones de hectáreas de terrenos y que la prioridad en estos momentos es racionalizar su uso.
En cuanto a los efectos de la ley en el paisaje gallego, Blanco recordó que «o traballo no monte non é un algo que se poida ver nun día, nin nun ano nin nunha lexislatura; é un traballo a medio e longo prazo, e as quendas mínimas de crecemento das especies son de vinte anos». Pese a todo, el director xeral de Montes aseguró que el trabajo realizado en los terrenos afectados por la ola de incendios del año 2005 «xa se está vendo, a política forestal xa está en marcha».
Trámite parlamentario
La reunión de ayer y las modificaciones anunciadas ponen punto final a la fase de preparación del texto legal, que deberá iniciar ahora su tramitación parlamentaria. Aunque el proyecto inicial ha sido recortado de forma notable en el aspecto sancionador, se mantienen algunas de las prioridades del Gobierno gallego, como la creación de las unidades de gestión forestal, una especie de cooperativas que servirán para gestionar de forma conjunta amplias masas forestales, lo que contribuirá a la prevención de los incendios.
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