Nova 249
Alfredo Rodríguez dijo que desea declarar en el juzgado para demostrar su inocencia
El alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez, afirmó ayer que es una buena noticia que la fiscalía haya presentado una denuncia penal contra él y otros cinco ediles por un presunto delito de tráfico de influencias en la tramitación del Plan General.
El regidor no ocultó su alegría por esta decisión, que, en su opinión, permitirá al gobierno poder defenderse en un juzgado de las sospechas de corrupción urbanística.
Alfredo Rodríguez afirmó que está deseando que el juez lo llame a declarar cuanto antes para poder aclarar que «el avance del 2001 es exactamente igual al documento definitivo y que no hubo, por tanto, ningún tipo de información privilegiada, ya que compradores y vendedores sabían bien lo que hacían».
Para el alcalde, la denuncia es consecuencia de una petición formulada el pasado 10 de octubre al fiscal jefe de Pontevedra. La junta de gobierno local solicitó que las actuaciones del fiscal fueran trasladadas al juzgado a fin de que los implicados pudieran defenderse con todas las garantías constitucionales. En el escrito afirmaban que el Ayuntamiento estaba siendo sometido «a un juicio público más allá de lo tolerable», en el que no habían tenido oportunidad de defenderse.
Por su parte, el presidente provincial del PP, Rafael Louzán, subrayó ayer que de momento no hay ningún tipo de querella contra el alcalde ni ningún dato probado ni contrastable, según informa Alberto Díaz Castroverde desde la delegación de Pontevedra. Louzán lanzó la hipótesis de que el caso Nigrán responda a un «interese partidista» y dijo que en este momento sólo hay sentencias firmes que afectan a alcaldes socialistas. Por último, el dirigente popular señaló que el regidor está «moi tranquilo», aunque evitó aclarar si será de nuevo candidato del PP a la alcaldía.
La fiscalía no ha interrumpido la investigación después de tramitar la denuncia penal en el juzgado. Las indagaciones podrían desembocar en la presentación de una querella o en el archivo del caso.
Compras de terrenos bajo sospecha. Las investigaciones se centran en comprobar si directivos del Celta se beneficiaron de información privilegiada a la hora de comprar terrenos que iban a aumentar su valor con el nuevo plan. El presidente de la entidad, Carlos Mouriño, y el consejero Antonio Rosendo adquirieron a través de la empresa Metrowest, y junto con otros empresarios locales, alrededor de cien mil metros cuadrados en diferentes parcelas. Las compras se hicieron cuando Alfredo Rodríguez Millares compaginaba su cargo en la alcaldía con la dirección de la entidad deportiva y la tramitación del Plan General no era pública.
Fincas que multiplicaron su valor. Los terrenos adquiridos eran rústicos o de baja edificabilidad. Los más grandes eran de 75.284 metros cuadrados en las fincas Granja Robaleira y La Romera. Estaban catalogados como rústicos, pero el nuevo plan iba a permitir la creación de una urbanización de viviendas de planta baja y dos alturas. Sus nuevos propietarios pagaron por estos terrenos en agosto del 2004 más de siete millones y medio de euros.
Indagación a fondo. Agentes del Seprona llevan a cabo una minuciosa investigación para intentar comprobar si hubo tráfico de información privilegiada o enriquecimiento ilícito de concejales o de personas de su entorno durante el período de tramitación del PGOM. Las investigaciones han incluido también el seguimiento de los movimientos bancarios.
Indignación vecinal. Los representantes de las asociaciones vecinales han seguido de cerca todo el proceso. Ellos mismos se dirigieron al Ministerio Fiscal para pedirle que abriera las diligencias. El verano pasado llevaron a cabo una manifestación en la que reunieron a más de 3.000 personas y en la que pidieron la dimisión del alcalde y de su ex socio en el gobierno, Avelino Fernández.
 |
 |
 |