El juez ha suspendido temporalmente el procedimiento judicial sobre la anulación de la permuta instando al Concello y a la promotora Colmeiro a buscar un acuerdo. Un edificio de viviendas se encuentra en una situación alegal después de que el juzgado haya anulado una permuta que aprobó el gobierno municipal en el año 2004 por infravalorar un terreno municipal y sobrevalorar el del promotor.

Desde el BNG entienden que esto significa que al juez no le valió la propuesta realizada unilaterlamente por la promotora y el gobierno municipal de pedir la inejecución de la sentencia, «O modus operandi abandeirado polos mesmos que crearon o problema, lévaos a actuar neste asunto coma noutros, con escurantismo, sectarismo, prepotencia, informes á carta que que volven a confundir maioría con legalidade. Los nacionalistas reprochan que el gobierno municipal no les haya tenido en cuenta a la hora de buscar una solución. «Con este comportamento hipócrita e arbitrario conseguiron crear outro problema, nun intento baldío de facerse pasar por salvadores os que crearon o problema», criticó ayer Antonio Araúxo.

El gobierno de Carlos Silva valoró la parcela municipal de 10.724 metros en 900.000 euros y la parcela particular de 1.450 metros en 574.997. Sin embargo el perito judicial estableció para el predio municipal un valor de más de 1,4 millones de euros y la finca particular en 418.000 euros.

Carlos Silva afirmó ayer que la tasación fue efectuada por técnicos municipales y hubo otra segunda tasación efectuada por Tinsa, cuya eficacia y honradez defiende el BNG en Vigo. Las autoridades locales creen que la mejor solución es que la promotora abone a las arcas municipales los 700.000 euros euros de diferencia en las valoraciones realizadas para aprobar la permuta.