La ocupación del dominio público marítimo-terrestre ha vuelto a abrir un nuevo frente entre la Administración central y las empresas de acuicultura. Después de años peleando para equiparar ese canon en todo el territorio español, una vez que creían conseguido ese objetivo, las piscifactorías se encuentran con que el problema se ha cerrado en falso y que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar está imponiendo una nueva tasa por la ocupación del suelo público a aquellas compañías que han visto caducada su concesión y han tenido que renovarla. En casos como ese, el Gobierno, en lugar de aplicar el canon habitual previsto en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del 2007, aplica una tarifa distinta, resultado de calcular un porcentaje sobre el valor de las instalaciones situadas en esa franja de terreno. El resultado arroja, en algunos casos, «cifras millonarias», excesivamente lesivas para unas industrias a las que no les queda más remedio que instalarse al lado del mar, señala Fernando Otero Lourido, gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo (Aroga).
Ocurre que, según la ley, cuando la concesión caduca, las obras e instalaciones que se encuentren en dominio público marítimo-terrestre pasan a ser propiedad del Estado. «Hasta ahí de acuerdo», señala Fernando Otero, que ya no está tan conforme con «el siguiente paso que da la Administración y que consiste en alquilar esa instalación que ha revertido a su anterior propietaria y que, además, se haga aplicando una fórmula distinta a la que se emplea cuando la concesión está viva».
Situaciones extrañas
La situación que ha creado Costas es tan rocambolesca que resulta que, a partir de la renovación de la licencia, «las mismas empresas que construyeron las infraestructuras deben pagar anualmente un alquiler por su uso durante, al menos, los 30 años siguientes». Y esa no es la única curiosidad, pues se da la circunstancia de que a una empresa de acuicultura con una concesión a punto de caducar puede interesarle más destruir las infraestructuras que tiene sobre el dominio público marítimo-terrestre antes de que se le renueve el permiso de ocupación que mantenerlas intactas y tener que pagar después anualmente un canon elevado durante tres decenios como mínimo.
Según Apromar (Asociación de Productores Marinos), la patronal del sector, por el momento este problema afecta a pocas piscifactorías, pero irá en incremento a medida que vayan venciendo las concesiones más antiguas.
Por lo de pronto, hay dos empresas punteras del sector acuícola que se han visto envueltas en este desencuentro: Tinamenor en Cantabria y Stolt Sea Farm en Galicia. En ambos casos, la concesión de las plantas acuícolas están a punto de caducar y tienen parte importante de sus instalaciones sobre dominio público marítimo-terrestre.
Ahora bien, Otero advierte de que, aunque han sido las empresas de cultivos marinos las que se están rebelando en contra de un canon que consideran injusto y desproporcionado, la medida de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar afectará a todas las empresas que necesiten ocupar el dominio público para desarrollar su actividad.
Hasta hace un par de años, el caballo de batalla de las empresas acuícolas era la disparidad del canon que el Estado cobraba por la ocupación del dominio público. Las compañías criticaban que mientras en Murcia se pagaba una peseta por metro cuadrado, en una zona de alta dependencia del mar como Galicia había empresas que pagaban millones al año por ese concepto. La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, aprobada en el 2007, modificó la Ley de Costas del 88 y estableció tres tipos de tarifa dependiendo de la zona sobre la que se asienta la instalación. Según ese sistema, las empresas pagarían entre 0,4 y 5 euros por metro cuadrado de terreno ocupado.
Esa tarifa es la que el sector pretende que se aplique tras la renovación de las concesiones. Y ya han comenzado la batalla. Por lo de pronto, la patronal encargó un informe jurídico a la fundación Cetmar, con sede en Vigo. Y ese organismo «corrobora que no hay base para la aplicación de ese canon», pues «desde un punto de vista jurídico la ocupación y uso de las obras está ya incluido en el canon de ocupación general que da derecho a ocupar y a usar los bienes del dominio público marítimo-terrestre». Así las cosas, según Apromar, «el nuevo canon sería, por tanto, una doble imposición» y la tasa «además de improcedente, constituye un ejemplo de la inseguridad jurídica que rodea a las empresas acuícolas». La patronal confía en que este dictamen haga recapacitar a Costas. Si no es así, emprenderá una reclamación por la vía judicial.
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