Finca do Conde es radicalmente ilegal. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó hace unos días el fallo definitivo que confirma todos los anteriores. Nuevamente la alta instancia judicial condena en costas al Concello y a la empresa por sus recursos dilatorios y culmina un pleito judicial que ha envenenado la vida política municipal durante cerca de quince años.
Llegado este momento lo evidente es que el centro comercial y las dos torres con más de 200 viviendas están construidos y en funcionamiento, lo que deja al Concello en una difícil tesitura. Salvo una legalización conforme al nuevo Plan Xeral, que de momento no se vislumbra, las arcas municipales podrían tener que satisfacer una elevadísima indemnización.
De forma directa el tribunal ratifica ahora la anulación de la resolución del entonces vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, José Manuel Figueroa, actual portavoz municipal del PP, quien concedió por esta vía licencia de primera ocupación al centro comercial y de actividad al hipermercado de Carrefour.
El recurso contra esta resolución fue presentado por concejales socialistas a quien el Tribunal Superior reconoce legitimación para hacerlo. En el fondo del asunto los jueces de la sala de lo contencioso se expresan con total claridad: «No se puede haber anulado un plan especial porque incluye 10.600 metros cuadrados de uso terciario (comercial), desnaturalizando el uso residencial característico, y decir luego que las licencias que incurren en el mismo no lo hagan».
Precisan también que no solo son firmes la anulación de este plan especial sino también la autorización para la construcción del edificio, «y en estas condiciones no es posible validar las licencias de ocupación y puesta en funcionamiento».
La gestación del proyecto Finca do Conde se inició en el mandato de Manuel Pérez (1995/99) y posteriormente empozoñó la vida política municipal hasta la actualidad. Estas son algunas de las claves de este polémico plan urbanístico
1.- Gestación a mediados de los noventa. El alcalde del PP Manuel Pérez aprobó este plan especial pese a la oposición de una Xunta gobernada por su partido, que incluso llegó a presentar recursos judiciales.
2.- Fracasa el intento de anulación. El nacionalista Lois Castrillo llegó a la alcaldía en 1999 con la voluntad expresa de anular este proyecto. Para ello necesitaba el aval del Consello Consultivo, al que consultó el Concello. Su informe negativo provocó que el proyecto siguiera adelante en lo que fue un error clamoroso.
3.- Viraje de los nacionalistas. Aunque no se reconoció nunca oficialmente, tras esta decisión el BNG permitió avanzar el proyecto, para disgusto de los socialistas, y siempre con la colaboración del PP. Los años más tensos: 2003/2007. El socialista Pérez Mariño llegó a la alcaldía con la intención expresa de impedir la concesión de licencia. Lo intentó junto a su concejal de Urbanismo, Mauricio Ruiz, pero el PP, con la disimulada colaboración del Bloque, lo impidieron. Seis meses después gobernaba Corina Porro (PP) tras romperse el gobierno PSOE-BNG.
4.- El momento de las licencias. Porro gobernó en minoría, pero su política urbanística salió adelante con el respaldo del Bloque, como ocurrió con Finca do Conde. En momento decisivos los nacionalistas se abstuvieron, con lo que los votos del PP derrotaban a los socialistas.
5.- Falta de colaboración judicial. En determinado momento, antes de llegar Porro, el Concello pidió al Tribunal Superior que suspendiese la concesión de licencias. No lo hizo y facilitó que siguiera adelante. Fue el segundo grave error a la vista del resultado final.
6.- Las dos posturas. Porro y Figueroa defendieron la concesión de licencias con el argumento de que las anulaciones no eran firmes y que de no hacerlo podían incurrir en prevaricación. Mauricio Ruiz y los socialistas proponían lo contrario, asegurando que cuando fueran firmes sería demasiado tarde y la ciudad se vería en un grave problema. El tiempo les ha dado la razón a estos últimos... pero ahí está Finca do Conde.
La ilegalidad en que se encuentra esta importante operación urbanística podría conllevar en un plazo indeterminado su derribo. La única vía para evitarlo sería conseguir su legalización al amparo del vigente Plan Xeral, un proceso ya iniciado pero cuyo desenlace no tiene calendario.
En la hipótesis más pesimista el Concello podría tener que indemnizar a los afectados por unas licencias que se confirmaron como irregulares e ilegales, cuyo costo superaría, según cálculos municipales, los 300 millones de euros. Es una cifra desorbitada para una administración que maneja 220 millones al año, cantidad en su mayor parte comprometida en gastos corrientes, por lo que no tiene margen de maniobra
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