Los jueces no siempre resuelven a gusto de todos. Y ese descontento o desacuerdo con las actuaciones judiciales es una de las principales causas de que cada año una veintena de ciudadanos o colectivos gallegos llegue al extremo de querellarse contra otros tantos magistrados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Se trata de denuncias por presunta prevaricación que en muchas ocasiones también buscan apartar a un juez de un determinado asunto y que en todos los casos, al menos en los últimos años, han acabado de la misma manera: archivadas.
"Muchas querellas no tienen ni pies ni cabeza; todavía no he visto prosperar ni una", resume José Antonio Ballestero. Este magistrado forma parte de la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, que es la competente para juzgar los delitos en los que puedan incurrir los jueces de Galicia en el ejercicio de sus funciones –con la excepción de los propios miembros del Alto Tribunal gallego, cuyas causas son elevadas al Supremo–. Las denuncias contra magistrados son en la mayoría de los casos por presunta prevaricación: se trata de un delito que viene recogido entre los artículos 446 y 449 del Código Penal y que en su modalidad más grave – dictar una sentencia o una resolución injusta "a sabiendas"– contempla duras condenas de hasta cuatro años de prisión, así como elevadas multas e inhabilitación.
La última estadística del TSXG revela que durante 2008 se registraron 23 causas contra jueces y magistrados. Y que ese mismo año se resolvieron 25 casos que, sin excepción, se archivaron o se sobreseyeron antes de que llegasen a juicio. La mayor parte de las denuncias son presentadas por particulares, aunque no es infrecuente que también partan de colectivos de lo más diverso. "Las razones son variadas. Te encuentras con ciudadanos que denuncian sin mala intención, ya que consideran que han sido condenados injustamente y se sienten muy perjudicados, pero en otras ocasiones la querella sólo busca ganar tiempo en un proceso judicial o apartar a un juez del caso", relata Ballestero. Entre los asuntos que llegan al TSXG hay algunos de lo más curioso, como uno registrado hace años sobre un caso ocurrido en la provincia de Pontevedra: en este caso se denunciaba a un fiscal de favorecer a un imputado en una causa –no lo había acusado– ante la sospecha de que hubiera vínculos familiares entre ambos porque tenían los mismos apellidos. Una mínima investigación permitió comprobar que no eran familia: se trataba de una mera coincidencia.
La mayoría de las querellas tienen relación con causas penales. "Está en juego por ejemplo la libertad de una persona; son intereses más sensibles", opina el jurista del Tribunal Superior de Xustiza. Pero también pueden acabar denunciados jueces que lleven asuntos civiles como herencias o particiones de bienes, que suelen ser procesos complejos y problemáticos. Los ejemplos, en definitiva, pueden ser de lo más diverso, pero, en la opinión de un juez vigués, el querellarse contra un juez en la gran mayoría de las ocasiones no es más que el derecho del perjudicado "al último pataleo".
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