El Gobierno gallego deberá ejecutar el año que viene 150 órdenes de demolición dictaminadas por la Justicia. Se trata de viviendas que incumplen la legalidad urbanística y en cuyos procesos ya se han agotado todas las vías judiciales. Es decir, que sobre todos ellos hay ya sentencias definitivas. Lejos de ser un caso aislado, el episodio de A Guarda volverá a repetirse en los próximos meses. De hecho, la Xunta -concretamente la Axencia Galega de Legalidade Urbanística- tiene reservado para el 2010 un presupuesto de 600.000 euros destinado a costear aquellas demoliciones que el propietario del inmueble se niegue a afrontar.
Los desmanes urbanísticos de la comunidad gallega han colocado en la primera línea del debate la pregunta de hasta qué punto es el ciudadano el que tiene que pagar las consecuencias de haber recibido un permiso para edificar que infringía el marco normativo. En el caso de A Guarda, tanto el Concello como los propietarios argumentan que las licencias se otorgaron en base a un plan que tenía el visto bueno de la Administración gallega. Pero desde el Ejecutivo de Feijoo se recuerda que la consellería responsable -entonces en manos de Xosé Cuíña- ya envió en el 2001 varios requerimientos al municipio pontevedrés en los que se le recordaba que tales permisos incumplían el marco normativo. «La gente debe de comprender que nosotros, con una sentencia firme, tenemos que aplicar la legalidad; entiendo que es muy doloroso porque la propiedad es algo muy personal, muy sentimental; nuestra obligación como gobernantes es suscribir un gran pacto con todos para que esto no se repita dentro de diez años», explica Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Las 150 órdenes judiciales de demolición que la Xunta deberá ejecutar en el 2010 son más del doble de las que ya se han llevado a cabo en el 2009 (unas 36, en total). El conselleiro responsable del urbanismo y de la ordenación del territorio recuerda que este escenario es fruto de los desmanes de los concellos, pero también de una Xunta que en los primeros años noventa tenía como prioridad resolver el atraso de las infraestructuras. «Yo no creo que sea una cuestión de buscar un culpable; hay muchas razones, pero suelo decir que durante muchos años esta cuestión tampoco fue una prioridad de la sociedad y, por tanto, tampoco de sus gobernantes», agrega Hernández. Por ahora, se está a la espera de conocer cómo queda la normativa para la construcción en la franja litoral. El bipartito hizo de la prohibición de edificar a menos de 500 metros una de sus banderas contra la marbellización, pero el Ejecutivo de Feijoo hará excepciones. De momento se desconoce en cuántos concellos o en qué porcentaje de la costa se mantendrá o se levantará el veto. En las filas de la oposición, tanto socialistas como nacionalistas creen que la Xunta pospondrá las directrices de ordenación del territorio hasta después de las municipales para evitar el coste electoral.
No es de extrañar que entre los primeros condenados en España por un delito contra la ordenación del territorio figuren dos gallegos. Galicia fue pionera, allá por el inicio del siglo XXI, en la aplicación de los nuevos tipos urbanísticos introducidos en el Código Penal. Paradójicamente, uno de los condenados había construido su casa a 60 metros del mar en punta Langosteira (Arteixo), donde hoy se construye el mayor puerto energético de España. Aquellos que levantaron sus viviendas antes de 1995 se libraban de la nueva ley.
También fue por aquella época cuando comenzó el debate sobre el feísmo, en el que este periódico tuvo una actitud crucial en lo que respecta a crear conciencia sobre la calidad del paisaje urbano y rural. De hecho, la Xunta creó en septiembre de 1999 la Subdirección Xeral de Disciplina Urbanística y, en solo un año de actividad, ya había tramitado el derribo de 40 construcciones ilegales y se habían tramitado 355 expedientes por irregularidades constructivas y urbanísticas. Años después, no hay ni un solo rincón del territorio gallego que no tenga algún caso de vivienda ilegal, a veces amparadas por los propios concellos.
En los últimos años, la actividad judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estado detrás de la mayoría de las sentencias que implican el derribo de las construcciones al margen de la ley. Muchas veces no se llega al último eslabón de la ejecutoria, pues se alcanzan acuerdos extrajudiciales con los denunciantes o los concellos hacen lo posible por legalizar las viviendas en los nuevos planeamientos. A veces estos apaños son frustrados por la Justicia, como es el caso del intento de legalizar 1.500 viviendas en Vigo. En el caso de esta ciudad, ejecutar las múltiples órdenes de derribo -que incluso afectan a dos torres de 23 plantas- tendría un coste inasumible para las arcas municipales.
Si los derribos finalmente no se llevan a cabo, es muy difícil que los jueces hagan un seguimiento estricto de la ejecución de la sentencia, debido principalmente a la carga de trabajo que acumulan. En estos casos, suele ser el denunciante inicial el que reactiva el proceso.
Costas también ha protagonizado sonadas demoliciones, algunas con el espectacular empleo de la dinamita, como fue el caso del complejo hotelero a medio construir de la playa de Areoura, en Foz, derribado en el 2002. Otros ejemplos similares son el complejo de Caixa Galicia en Benquerencia, el edificio Barro de Viveiro, o el hotel de la playa de Ber (Pontedeume).
 |
 |
 |